La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes. El contradictorio dictamen de Estigarribia concluye que la resolución de Conajzar no tiene valor de Ley, pero que sería deseable que así lo fuera y pese a carecer de peso de ley, considera que sí tiene importancia legal de aplicación.

La empresa iCrop S.A. presentó en octubre del 2020 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz Baez, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes.

Para sustentar esta operación, la empresa contrató los servicios del estudio jurídico “Estigarribia y Asociados”, representada por el exsenador Hugo Estigarribia, quien con un dictamen avaló la legalización de un negocio que opera al margen de la ley.

La Caja Negra tuvo acceso al dictamen elaborado por el Estudio Jurídico Estigarribia & Asociados, el cual culminó el pasado 16 de febrero, tras analizar el marco legal y constitucional de la polémica resolución de la Conajzar número 34/2020 que brinda la potestad a la empresa Icrop SA para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con las máquinas callejeras.

En el primer punto, el dictamen concluye que dicha resolución no tiene valor de Ley, pero que sería deseable que así lo fuera mediante la modificación de la normativa 1016/97 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar.

Sin embargo, pese a carecer de peso de ley, considera que sí tiene importancia legal de aplicación, pues alega que la resolución fue dictada para regular “un tipo de juego de azar no incluido ni previsto en esa ley”.

En este punto se deja de lado que en realidad los juegos con máquinas electrónicas sí están reguladas por esa ley y que los aparatos que se encuentren en la calle en realidad están operando de manera ilegal.

En el segundo punto, el estudio jurídico esgrime que la resolución de la Conajzar no es contraria al orden jurídico constitucional establecido en el artículo 137 que habla de la supremacía de la Constitución Nacional, y que además sí se ajusta a las atribuciones departamentales y municipales.

Y como tercer punto concluye que “por los fundamentos jurídicos esbozados en las líneas precedentes, cabe concluir que la resolución Conajzar N. 34/2020 tiene pleno valor normativo y es viable, desde la óptica constitucional, para su aplicación en todo el territorio nacional a la fecha”.

En su análisis, Estigarribia no se expresa respecto a las amplias facultades que otorga la Conajzar a la empresa beneficiada, tales como la posibilidad de hacer el censo, el catastro, la liquidación del canon, el cobro a los dueños de máquinas, entre otros. En cambio, solo habla de que las máquinas chinas que están en las calles consisten en un “juego nuevo” que ahora se regularán mediante una resolución de la Conajzar.

Con este dictamen, la empresa Icrop S.A., encargada del cobro del canon por la explotación ilegal de las máquinas tragamonedas, se sustenta en que la operación hecha por la Conajzar se encuentra dentro del marco de la ley. El ‘favorable’ dictamen omite cuestiones básicas como el hecho de que la Conajzar violó su propia ley marco N 1016 al legalizar un tipo de juego de azar que opera fuera de la ley, ademas de la delegación de funciones publicas que por ley solo corresponden al ente regulador.

NEGOCIO DE US$ 1 MILLÓN: CONTRATO SECRETO, FACHADA PARA LAVADO?

La propuesta presentada por la empresa iCrop S.A. a la Conajzar, en octubre del 201, fue elaborada por Cristian Vera, expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar quien hoy se desempeña como principal asesor de la firma.

La Conajzar hasta la fecha oculta el contrato con la firma iCrop, tampoco exponen el dictámenes, jurídico y técnico, que sustentaron la resolución número 34.

¿Acaso el único dictamen válido para el ente regulador fue el elaborado por el exsenador Hugo Estigarribia a pedido de la empresa beneficiada con la concesión?

En un comunicado difundido la semana pasada, la empresa iCrop, afirma que la sede de la empresa funciona en Loma Pyta sin embargo, el equipo de la Caja Negra hizo la consulta al número que aparece en la página web de la empresa y nos derivó a la dirección de un local que no posee cartel ni indicación alguna en la zona de Luque.

La empresa Icrop S.A. cobra entre G. 300 a G. 400 mil al mes por cada tragamonedas, de los cuales G. 80 mil transfiere a la Conajzar. Se estima que existen unas 25 mil máquinas operando en forma ilegal, sin embargo la empresa asegura que hasta hoy tienen censadas unas 17.612 máquinas ubicadas en Asunción, Central, Ciudad del Este y Encarnación. La cantidad de máquinas callejeras podría aumentar considerablemente teniendo en cuenta que aún falta censar varias zonas del país. Este es un tema que fue visibilizado por una serie de publicaciones del equipo de investigación del Grupo Nación.

Políticos influyentes habrían operado para que la empresa privada logre un contrato directo otorgado por Conajzar que les podría generar mensualmente más del millón de dólares.

Desde la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que la firma podría servir como fachada para lavar dinero, a raíz de la llamativa decisión de la Conajzar de delegar sus funciones y terceritercerizar a través de esta empresa el cobro de canon a estas máquinas callejeras.

“El sistema de salud pública en Paraguay es segmentado, tiene brechas en inversión y atención, y está determinado por el estatus laboral y la capacidad adquisitiva de los hogares”, refiere el informe.

La organización considera que la reforma al sistema de salud requiere de medidas que atiendan el problema desde el punto de vista de políticas de salud en diferentes niveles, acciones para reducir la desigualdad en el acceso, e incrementar recursos públicos a través de una política fiscal progresiva.

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Al respecto del informe, Diego Vázquez, investigador de Amnistía Internacional para las Américas, resaltó que Paraguay es uno de los lugares de la región más caros para tratarse los diferentes padecimientos de la salud. Indicó que cerca de 4 de 10 personas siguen pagando por su tratamiento.

“Es necesario invertir más en los sistemas de salud, sobre todo en el Ministerio de Salud. Enfocándonos en esta atención primaria, se pueden prevenir muchas enfermedades. En el informe se encuentran varias alternativas para aumentar los recursos de estos presupuestos”, sostuvo Vázquez, en conversación con la 1080 AM.

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Señaló también que Paraguay, a nivel nacional, no logra tener camas, enfermeros, doctores en comparación a los demás países de la región, por lo que es un aspecto preocupante y detallado en el informe.

Agentes de la Dirección de Policía de Alto Paraná, en conjunto con personal motorizado y del Grupo Lince, esta mañana llevaron a cabo una importante intervención en Ciudad del Este.

Dicho procedimiento tuvo lugar en el sector comercial del Área 2 de la capital altoparanaense, a raíz de las múltiples denuncias formuladas por vecinos y transeúntes.

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Las calles de este sector venían siendo ocupadas por personas adictas a las drogas y trabajadoras sexuales, lo cual generó la constante preocupación de quienes cruzan por allí. Asimismo, se habla de la presunta venta de estupefacientes.

Durante el operativo de hoy, unas 15 personas fueron demoradas, incluyendo a algunos indígenas, siendo trasladadas hasta la sede de la jefatura de Policía del Alto Paraná.

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De acuerdo al informe del diario La Clave, uno de los detenidos contaba con una orden de captura pendiente, por lo que ahora se dará cumplimiento al mandato de la justicia.

Tras el despeje en el Área 2, personal de la Municipalidad de Ciudad del Este se encargará de la limpieza y puesta en condiciones de la zona intervenida.

A través de Puerto Falcón ingresaron esta mañana 30 buses de larga distancia con unos 60 pasajeros cada uno, para participar del encuentro por Copa Sudamericana a disputarse hoy a las 20:30 en el estadio Ueno La Nueva Olla, donde el equipo paraguayo Trinidense oficiará de local.

De los buses fueron incautados algunos elementos como: vino, cerveza, fernet, vodka, hojas de coca y marihuana. Las evidencias estaban distribuidas en los colectivos, no en poder de alguien en particular, por ende, nadie asumió la propiedad.

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El subcomisario Gustavo Riquelme informó en un contacto con Gen-Nación Media, que nadie fue detenido, pero que, si las sustancias hubieran sido encontradas en el bolsillo o en poder de una persona, sí habría quedado detenida.

Además de los 30 buses, antes cruzaron a pie otras 200 personas, quienes también están ansiosas de ver al cuadro Xeneixe.

De los operativos de control participan el Departamento de Eventos Deportivos, la Armada Paraguaya, la Comisaría 6ª, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la División de Antidisturbios.

Rafael Di Zeo, líder de la barra organizada de Boca Juniors, “La 12″, fue sancionado hace una semana en Argentina con la prohibición para ingresar a los estadios, luego de que en el bus en el que se desplazaba encontraron un arma de fuego. La requisa se realizó en la previa del encuentro contra el “Pincharratas”, Estudiantes de la Plata. Sin embargo, esa medida rige solamente en su país, por lo que, es probable que venga a Paraguay.

En el año 2016, Di Zeo había provocado incidentes antes y después del partido entre Boca y Cerro Porteño. En la ocasión, lo detuvieron antes de que regrese a su país y lo mantuvieron retenido por unos días.

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