La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes. El contradictorio dictamen de Estigarribia concluye que la resolución de Conajzar no tiene valor de Ley, pero que sería deseable que así lo fuera y pese a carecer de peso de ley, considera que sí tiene importancia legal de aplicación.

La empresa iCrop S.A. presentó en octubre del 2020 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz Baez, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes.

Para sustentar esta operación, la empresa contrató los servicios del estudio jurídico “Estigarribia y Asociados”, representada por el exsenador Hugo Estigarribia, quien con un dictamen avaló la legalización de un negocio que opera al margen de la ley.

La Caja Negra tuvo acceso al dictamen elaborado por el Estudio Jurídico Estigarribia & Asociados, el cual culminó el pasado 16 de febrero, tras analizar el marco legal y constitucional de la polémica resolución de la Conajzar número 34/2020 que brinda la potestad a la empresa Icrop SA para censar, catastrar y explotar los juegos de azar con las máquinas callejeras.

En el primer punto, el dictamen concluye que dicha resolución no tiene valor de Ley, pero que sería deseable que así lo fuera mediante la modificación de la normativa 1016/97 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar.

Sin embargo, pese a carecer de peso de ley, considera que sí tiene importancia legal de aplicación, pues alega que la resolución fue dictada para regular “un tipo de juego de azar no incluido ni previsto en esa ley”.

En este punto se deja de lado que en realidad los juegos con máquinas electrónicas sí están reguladas por esa ley y que los aparatos que se encuentren en la calle en realidad están operando de manera ilegal.

En el segundo punto, el estudio jurídico esgrime que la resolución de la Conajzar no es contraria al orden jurídico constitucional establecido en el artículo 137 que habla de la supremacía de la Constitución Nacional, y que además sí se ajusta a las atribuciones departamentales y municipales.

Y como tercer punto concluye que “por los fundamentos jurídicos esbozados en las líneas precedentes, cabe concluir que la resolución Conajzar N. 34/2020 tiene pleno valor normativo y es viable, desde la óptica constitucional, para su aplicación en todo el territorio nacional a la fecha”.

En su análisis, Estigarribia no se expresa respecto a las amplias facultades que otorga la Conajzar a la empresa beneficiada, tales como la posibilidad de hacer el censo, el catastro, la liquidación del canon, el cobro a los dueños de máquinas, entre otros. En cambio, solo habla de que las máquinas chinas que están en las calles consisten en un “juego nuevo” que ahora se regularán mediante una resolución de la Conajzar.

Con este dictamen, la empresa Icrop S.A., encargada del cobro del canon por la explotación ilegal de las máquinas tragamonedas, se sustenta en que la operación hecha por la Conajzar se encuentra dentro del marco de la ley. El ‘favorable’ dictamen omite cuestiones básicas como el hecho de que la Conajzar violó su propia ley marco N 1016 al legalizar un tipo de juego de azar que opera fuera de la ley, ademas de la delegación de funciones publicas que por ley solo corresponden al ente regulador.

NEGOCIO DE US$ 1 MILLÓN: CONTRATO SECRETO, FACHADA PARA LAVADO?

La propuesta presentada por la empresa iCrop S.A. a la Conajzar, en octubre del 201, fue elaborada por Cristian Vera, expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar quien hoy se desempeña como principal asesor de la firma.

La Conajzar hasta la fecha oculta el contrato con la firma iCrop, tampoco exponen el dictámenes, jurídico y técnico, que sustentaron la resolución número 34.

¿Acaso el único dictamen válido para el ente regulador fue el elaborado por el exsenador Hugo Estigarribia a pedido de la empresa beneficiada con la concesión?

En un comunicado difundido la semana pasada, la empresa iCrop, afirma que la sede de la empresa funciona en Loma Pyta sin embargo, el equipo de la Caja Negra hizo la consulta al número que aparece en la página web de la empresa y nos derivó a la dirección de un local que no posee cartel ni indicación alguna en la zona de Luque.

La empresa Icrop S.A. cobra entre G. 300 a G. 400 mil al mes por cada tragamonedas, de los cuales G. 80 mil transfiere a la Conajzar. Se estima que existen unas 25 mil máquinas operando en forma ilegal, sin embargo la empresa asegura que hasta hoy tienen censadas unas 17.612 máquinas ubicadas en Asunción, Central, Ciudad del Este y Encarnación. La cantidad de máquinas callejeras podría aumentar considerablemente teniendo en cuenta que aún falta censar varias zonas del país. Este es un tema que fue visibilizado por una serie de publicaciones del equipo de investigación del Grupo Nación.

Políticos influyentes habrían operado para que la empresa privada logre un contrato directo otorgado por Conajzar que les podría generar mensualmente más del millón de dólares.

Desde la comisión de Hacienda del Senado advirtieron que la firma podría servir como fachada para lavar dinero, a raíz de la llamativa decisión de la Conajzar de delegar sus funciones y terceritercerizar a través de esta empresa el cobro de canon a estas máquinas callejeras.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.