El escándalo derivó en la barrida de autoridades encargadas del control y habilitación. Fueron separados de sus cargos, el Ministro de Agricultura, Marcos Medina; el director de Aduanas, Nelson Valiente, y el titular de Senacsa, Hugo Idoyaga.

En total, fueron cuatro las empresas frigoríficas descubiertas y multadas importando miles de toneladas de carne desde el Brasil, en abierta violación de normativas administrativas y sanitarias. Frigorífico Guaraní debió pagar más de G. 379 millones; Frigorífico All Food pagó más de G. 988.144.957; Frigorífico Concepción aceptó pagar la multa de G. 16.500 millones y, finalmente, Frigorífico Norte pagó una multa superior a G. 3.864 millones. Estas penalizaciones suman un total de G. 21.748 millones.

Los cuatro frigoríficos multados por el ingreso de carne al país sin todas las documentaciones se allanaron a las sanciones administrativas, aunque en el caso de autoridades del Frigorífico Concepción prosigue un proceso en el ámbito de la justicia.

La crisis puso en jaque el nombre y el prestigio de nuestro país como el octavo país exportador de carne reconocido mundialmente. Desnudó ademas la falta de control del principal ente encargado de otorgar los permisos y hacer los controles sanitarios: Senacsa.

Al frente de esta institución se encontraba Idoyaga, cuya gestión llamó la atención debido a los excesos y llamativos vínculos con el sector que él mismo regulaba. Los manejos oscuros quedaron al descubierto mediante esta crisis, ya que anteriormente hacia la vista gorda y no cumplía con sus propias normativas apañando así violaciones a las reglas de juego.

Mediante la resolución 683 del año 2015 se estableció la prohibición de ingresar bovinos y productos cárnicos provenientes de terceros países con finalidad de exportación a los frigoríficos habilitados para tal efecto por el Senacsa. Sin embargo, pese a este prohibición varios frigoríficos operaban de esta forma. Dar acuerdo a los documentos, el propio Idoyaga firmaba las autorizaciones de importación habilitando así a algunos frigoríficos de exportación a importar productos cárnicos desde Brasil. (Resolución 0281/ 18).

Idoyaga además de no hacer cumplir las reglas de juego y permitir llamativamente ciertos excesos en su administración formaba parte de la Fun­dación Servicios de Salud Animal (Fundasa), dedicada de forma única y exclusiva a la comercialización de vacunas antiaftosa y anti­brucélica.

Conforme al ministro de Agricultura, Luis Gneiting, el monopolio de Fundasa fue autorizado por el propio Idoyaga, quien junto con los ganaderos Carlos Trapani y Fernando Serrati manejaban unos 30 millones de dólares anuales. La cooperación entre FUNDASA y Senacsa se autorizó mediante un convenio cuya duración se estableció por el plazo de 10 años. Este grupo debía manejar un total de 300 millones de dólares, aproximadamente.

La nueva administración del Senacsa tiene la orden de poner mano dura y ordenar la casa. según el nuevo titular Freddis Estigarribia, quien ya firmó resoluciones que aclaran los alcances de las prohibiciones, que además dejan sin efecto el monopolio de FUNDASA y ordenó auditorias y controles más estrictos a las empresas frigoríficas.

Otra grave irregularidad detectada fue que se adulteraron groseramente los datos en el sistema de gestión de las oficinas regionales (Sigor) que se utiliza para controlar el ingreso de ganado a nuestro país. Un hecho llamativo fue lo ocurrido durante los pri­meros días que saltaron las denuncias del caso Frigo­rífico Concepción y todo el escándalo de la carne, justo en estos días el Sigor cayó; es decir, dejó de operar.

Estos casos, según adelantaron Gneiting y Estigarribia, serán denunciados ante la Fiscalía y no se descarta que esté involucrado directamente Hugo Idoyaga.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.