El proyecto tiene 16.180 beneficiarios, quienes supuestamente trabajaron para la construcción de la represa, entre los que se encuentra el vicepresidente. Es importante mencionar que el pago de estas indemnizaciones fue apoyado por Velázquez en medio de sus promesas de campaña proselitista, en las que aseguró que lograr esta indemnización es un compromiso suyo. Esto, sin mencionar que sería uno de los beneficiarios.

“Vamos a comenzar a buscar la reivin­dicación, que es una deuda que tenemos con los com­pañeros de Itaipú, yo me voy a encargar de que a par­tir de este momento vamos a comenzar a buscar la rei­vindicación porque de ver­dad estamos en deuda, pero que lo vamos a pagar, no se preocupen, muchachos”, dijo Velázquez en un video que se viralizó en redes en noviembre del año pasado.

El proyecto, que significará un desembolso por parte de la hidroeléctrica de US$ 940 millones, será tratado hoy en la Cámara de Diputados y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. El Ministerio de Hacienda ya alertó sobre las implicancias del pago de esta indemnización y señaló que el Estado podría dejar de recibir millonarios recursos que son destinados a proyectos de infraestructura, así como programas de educación, becas y niñez.

Desde el Fisco señalaron que si se aprueba este proyecto por al menos dos años se dejaría de recibir de Itaipú recursos del Fonacide y royalties. A modo de dejar en claro cuál será el impacto de no recibir este desembolso, indicaron que en los últimos ejercicios fiscales se recibieron alrededor de US$ 500 millones en ambos conceptos.

La binacional también ya se había pronunciado sobre este caso alegando que el pago no corresponde, dado que los exobreros no formaron parte de la nómina oficial de Itaipú y su director, Manuel María Cáceres, ya manifestó que este proyecto es de imposible cumplimiento debido a la suma de dinero que representa, y que en caso de aprobarse el proyecto, solicitaría su inconstitucionalidad.

Se afirma que en esta lista de exobreros existen otras irregularidades, como por ejemplo datos de personas ya fallecidas y personas que no especifican para qué empresa estuvieron trabajando durante la construcción de la represa, requisitos que son fundamentales para demostrar que son merecedores de la indemnización.

La promesa de Velázquez de indemnizar a los exobreros de Itaipú se suma a otros casos en los que ha utilizado a las instituciones del Estado para promocionarse como candidato, lo que es constantemente cuestionado por parte de la ciudadanía que le exige que renuncie a su cargo si quiere dedicarse al proselitismo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.