Ayer en horas de la tarde se realizó la reunión de trabajo del Consejo Consultivo Tripartito para debatir sobre el proyecto de ley de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

En el encuentro participaron autoridades y representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Instituto de Previsión Social (IPS), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Feprinco, la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT).

Tras varias horas de debate, finalmente acordaron introducir modificaciones a 4 puntos del documento del proyecto de ley así como pequeños ajustes de términos en la propuesta, los cuales serán posteriormente remitidos al Congreso para su posterior revisión.

De esta manera, Hacienda confirma que todas las dudas del sector trabajador-empresarial que existían fueron aclaradas y los cambios acordados están en línea con el espíritu de la Ley.

Los cuatro puntos acordados sobre el proyecto de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones son:

1) PRÉSTAMOS DE LAS CAJAS JUBILATORIAS

Respecto a los préstamos de las cajas a sus afiliados (como por ejemplo, la de la ANDE), se acordó eliminar el límite que se establecía en el proyecto de ley, pero manteniendo los aspectos relevantes que son la búsqueda de la rentabilidad adecuada y un nivel de riesgo bajo.

2) “SUPERPODERES” DEL SUPERINTENDENTE

En lo que se refiere a la supervisión, intervención y sanción que los empresarios consideraban como “superpoderes” para el titular de dicho organismo, se acordó proponer el modelo de la Superintendencia de Seguros, donde se tiene un Consejo Consultivo al respecto de nuevas regulaciones que se emiten.

3) LÍMITES DE LOS INSTRUMENTOS BANCARIOS

Desde el sector bancario consideraron que los límites de los instrumentos emitidos por los bancos no eran adecuados, por lo que se consensuó eliminarlos. Los aspectos relevantes, que son la búsqueda de la rentabilidad adecuada y un nivel de riesgo bajo, se mantienen.

4) TIEMPO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY

Respecto al plazo para adaptarse a la legislación a partir de la promulgación de la ley, finalmente se acordó pasar del periodo de 18 meses que originalmente figuraba en el texto del proyecto a unos 36 meses, de tal forma a dar tranquilidad al sector trabajador y empresarial.

MINISTRA DE HACIENDA DESTACA ACUERDO LOGRADO

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, calificó de “muy positiva y constructiva” la reunión tripartita desarrollada ayer con los representantes de las centrales obreras y del sector empresarial, destacando que finalmente se logró un entendimiento y que ahora la mayoría acompaña este proyecto de ley.

La misma dijo estar satisfecha con los resultados y que tiene mucha esperanza de que este tipo de diálogo “sea la forma en que a futuro se sigan abordando las grandes reformas que Paraguay necesita para seguir desarrollándose”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.