Jacqueline Benítez y Luis Enrique Aquino circulaban en vehículo por la avenida Mariscal López en la madrugada del jueves 10 de mayo. Para ellos era un día de trabajo más en los medios de comunicación donde se desempeñan.

A la altura de Malutín en la zona de los shoppings, una camioneta de la marca Mitsubishi tipo Tritón conducida por Pedro Sanabria Huerta cruza Mariscal López en dirección hacia Eusebio Ayala y el automóvil en el que iban Jacqueline y Luis Enrique impacta contra el vehículo de mayor porte.

“Eran las 4:55. Estábamos yendo al canal. Entramos tempranito. Yo vi que este tipo estaba adelantado a su semáforo en Malutín. Vi la nariz grande de su camioneta. Todo pasó en fracción de segundos. Le vi al tipo adelantado y nuestro semáforo estaba en verde. Mi novio no sé qué me dice. La camioneta se adelantó, cruzó, se produjo el impacto… no hubo tiempo para nada. Estábamos cruzando normalmente detrás de otro vehículo. Siento el impacto y que el cinturón me sujeta. Se activaron los airbags. Sentí que más o menos el humo que estaba saliendo del tablero me ahogó. Me desabroché el cinturón y mi novio se va a encararle al tipo. Cuando pasó eso el tipo inmediatamente arrancó”, relató Benítez sobre lo que sucedió esa madrugada.

Sanabria Huerta (32), desempleado, vive en Lambaré en la casa de sus padres. Luego de una noche de fiesta y con 0,78 mg/l de alcohol en la sangre, condujo la camioneta de su tío y cruzó cuando el semáforo estaba en rojo. Al producirse el impacto, el hombre retrocedió e intentó huir pero gracias a otros conductores que presenciaron el hecho, la escapada se abortó.

“Le dijimos al tipo que el vehículo era de mi hermano y el tipo nos dijo: ‘no tengo plata, demándenme’”, recordó Benítez. Acotó que esa noche iban en un vehículo de la marca Mercedes Benz cuya estructura es más estable que la de otros automóviles y que si iban en uno pequeño, no contaban la historia.

La lucha de Jacqueline y Luis Enrique llegó hasta la Fiscalía. El fiscal Eugenio Ocampos imputó a Sanabria Huerta por exposición al peligro en el tránsito terrestre y por obstrucción a la persecución penal. El caso debe ser atendido por el juez Paublino Escobar Garay.

La pareja tiene dos hijas, un bebé de un año y una niña de cinco años. “Le dejé sin auto a mi hermano. Estoy pagando el préstamo de la construcción de mi casa, un préstamo por un vehículo que compré hace poco y estoy sacando otro crédito para sacar el dinero y darle a mi hermano. Tiene que compensar este señor todo el daño que ocasionó. Celebro que estamos vivos pero quiero que este caso demuestre que la justicia en Paraguay puede ser pronta”, indicó.

Este es el calvario de Jacqueline y Luis Enrique que, como miles de personas, se desplazan a sus trabajos todos los días. Si la justicia actúa en la medida de los hechos, casos como este van a evitarse. Ambos pueden contar la historia pero otros no pudieron hacerlo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.