El argentino Ibar Pérez Corradi prestó su declaración este miércoles ante la Fiscala de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez, quien lo investiga por producción de documentos no auténticos.

“Él habló de la gente de Interpol de Ciudad del Este. Él ingresó al territorio paraguayo de manera normal, sin hacer migraciones. Se ratificó en que fue detenido y hubo pago a supuestos agentes de Interpol”, contó la representante del Ministerio Público.

La agente fiscal manifestó que el extranjero confirmó que pagó 100.000 dólares el suboficial Derlis Mallorquín y supuestamente el jefe de Ciudad del Este de Interpol, pero no precisa el nombre. Este pago se dio con el fin de que sea liberado.

Quiñónez comentó que Pérez Corradi, quien tenía una identidad falsa, fue a Identificaciones solamente una vez para obtener su pasaporte y que US$ 20.000 costó dicho documento. “Mallorquín fue el que dio la idea del documento, según contó”, añadió.

En otro momento, la fiscal fijo que el principal problema ahora es identificar a todos los policías involucrados en el ilícito y agregó que el único identificado hasta ahora, Mallorquín, ya está bajo la observancia de sus superiores.

“Ibar declaró sobre muchos puntos, pero no sobre datos de Argentina. (…) Volvió a mencionar a un empresario árabe, del que dice que era su jefe y quien le facilitó los 100.000 dólares”, dijo en otro momento.

Por su parte, Ibar Pérez Corradi dijo que aclaró todas las dudas a la Fiscalía, y además se declaró inocente del triple homicidio y lavado de dinero del que es acusado en Argentina.

En tanto que el defensor del detenido, Carlos Broitman, indicó a los medios de prensa que “como abogados no vamos a dar ninguna información de lo que dio ante la fiscala. Les pedimos que no se tergiversen las palabras de él. Él quiere colaborar con la justicia paraguaya y argentina”.

Comentó que se debe preservar a la familia de su cliente. “Necesitamos ejercer el derecho y dejar que la justicia paraguaya y argentina actúen”, añadió.

Al ser consultado sobre si dio a conocer los nombres de los que brindaron la protección, respondió: “no podemos dar ninguna información”.

En tanto que el letrado Carlos Rodríguez argumentó que están dadas las condiciones para que se dé la extradición de su cliente a Argentina. “Se están dando las condiciones, que sea rápida la ida a Buenos Aires”, dijo y agregó: “Pérez Corradi va a demostrar su inocencia en Paraguay y en Argentina”.

Pérez Corradi es requerido en Argentina por privación ilegítima de libertad, homicidio doloso y lavado de dinero. Mientras que en Paraguay es investigado por producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos de contenido falso; y cohecho pasivo agravado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.