La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo mencionó a radio Monumental, que ayer se realizó la presentación del informe por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del impacto de la pandemia del Covis-19 sobre el mercado laboral paraguayo y la generación de ingresos.

“Lo que hizo la OIT es medir el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno dentro de la afectación del virus. En el informe resaltan las decisiones tanto sanitarias como socioeconómicas para sostener el empleo”, expresó.

Bacigalupo dijo que el parámetro que también se tomó fue la Ley de Emergencia, donde se previó el pago de compensaciones por suspensión de contrato, además el pago por aislamiento.

Según explicó, existe un gran impacto en personas inactivas, es decir, que salieron del estado de ocupación y, de pasar a la desocupación se introdujeron a la inactividad circunstancial, son personas que no tienen trabajo pero tampoco buscan debido a las medidas de la cuarentena y que afecta en su gran mayoría a las mujeres.

“Eso se debe a que las instituciones educativas cerraron por la pandemia y las mujeres se quedaron a cumplir con el rol del cuidado en la casa, dando un paso al costado ya sea en un estado de dependencia o cuentapropista”, especificó.

De acuerdo a los datos proporcionados, la afectación se da el 6% en mujeres, en cuanto a hombres solo es el 2%.

Despidos

En cuanto a las denuncias por despidos, el Ministerio de Trabajo recibió 9.000, el 80% corresponde al empleo informal. En tal sentido, dicha cartera de Estado realizó audiencias de conciliación y se recuperaron más de G. 23 mil millones a favor de los trabajadores en conceptos de diferentes haberes, pero la mayoría de los mismos por despido injustificado, según comentó la ministra.

Según el registro, en el empleo formal figuran unos 27.000 despidos a raíz de la pandemia, siendo abril el mes donde más se llevaron a cabo dichas desvinculaciones. Sin embargo, los casos fueron disminuyendo con el transcurrir del tiempo.

“En los últimos dos meses la brecha se achicó, estamos recuperando la diferencia que incluso teníamos antes de la pandemia, es decir, muy poca diferencia entre ingreso y egreso, eso nos da la pauta que hay una recuperación gradual en la economía”, afirmó.

Sobre ese punto, Bacigalupo sostuvo que dicha reactivación se vio reflejada en la segunda fase de la cuarentena inteligente donde se sumaron más contrataciones de los trabajadores.

Pago de subsidio del IPS

Sobre el pago del subsidio del IPS, la ministra explicó que continúan evaluando el nivel de afectación en el empleo formal ya que serían entre 26.000 a 30.000 trabajadores fluctuando todavía en estado de suspensión y que ya cobraron el sexto pago. Entre ellos figuran docentes de colegios privados, del sector gastronómico y hotelero, comercios pequeños que aún no lograron recuperarse.

“Estamos haciendo la proyección y planteando a IPS, ya que tenemos el dato que hay un 56 a 58% de ejecución de los 100 millones de dólares, pensamos en la posibilidad de continuar por un tiempo más pero estamos sujetos a la respuesta de la previsional”, apuntó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.