Luis Pereira, del Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU), comentó a HOY que la semana pasada estuvieron entregando kits de alimentos a las familias de trabajadores de talleres de cambio de volantes, choferes y tripulantes de cigüeñas.

En total se repartieron más de 5000 kilos de alimentos para más de 320 familias, de acuerdo al dato manejado por la organización. Así también, se logró ayudar a varios pobladores humildes de la zona de Remansito.

Esta contribución se llevó a cabo a raíz de la difícil situación por la que atraviesan las personas vinculadas al rubro de la importación de vehículos usados, a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Al respecto, Pereira sostuvo que esta crisis los ha golpeado muchísimo ya que llevan parados más de 50 días, sin posibilidad de abrir sus locales o playas de venta de autos. “Hay mucha gente con problemas financieros, gente a la que le rebotaron sus cheques librados o que no puede pagar sus cuentas. Ivai la situación”, expresó.

El mismo mencionó que si bien el gobierno tuvo una respuesta rápida ante esta problemática, no ocurrió lo mismo con el sector de los bancos privado “que son los que tienen la plata finalmente”. Sobre este punto, cuestionó el hecho de que las entidades bancarias con las que operan no liberaron de manera efectiva los créditos de contingencia.

“El gobierno hace declaraciones rimbombantes a través de la ministra de Industria y Comercio, del ministro de hacienda o el presidente del BCP, pero vos le llamas a tu oficial de crédito y él no sabe nada”, refirió el representante del CIVU.

El mismo manifestó que “en teoría están disponibles los créditos, pero en la práctica no”.

En la actualidad existen más de 300.00 personas involucradas en este negocio, aunque la cantidad es mucho mayor si se considera toda la cadena logística y otros segmentos relacionados, indicó.

Pereira aseguró que “no es bueno” el panorama que vislumbran de ahora en más, atendiendo a que durante la cuarentena inteligente tendrán que operar a puertas cerradas, hecho que dificulta enormemente la venta de vehículos. “No sé cómo se puede vender un auto sin abrir, las indicaciones que nos dan dicen que tenés que vender por catálogo pero cómo vas a hacerlo si el cliente quiere probar su auto antes de comprar”.

El pedido que hacen desde el sector es acceder a líneas de crédito rápida, de manera a que el auxilio financiero sea “lo más urgente”, con plazos razonables y términos de gracia flexibles.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.