El ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, confirmó la designación de Mario Vega, un dirigente de Colorado Añetete y miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Alto Paraná, como nuevo titular del Indert.

El cambio se dio tras los escandalosos casos de coimas y aprietes a ganaderos del Chaco y colonos de Alto Paraná que afectaron la administración de Horacio Torres. Este último terminó imputado por la fiscalía por el delito de cohecho pasivo agravado.

Junto a Torres hasta ahora solo dos funcionarios fueron imputados por la fiscalía, Carlos Soler, exgerente de Créditos, y Enrique Gómez de la Fuente, exdirector de la Región Occidental. El Ministerio Público interceptó conversaciones de Soler cuando negociaba una coima de 25 mil dólares al ganadero Albino Mendez.

Otro caso similar, denunciado en La Caja Negra, bajo el mismo modus operandi, involucró a otro ganadero a quien exigieron el pago de US$ 480 mil para no despojarlo de unas 16 mil hectáreas en el Chaco.

La víctima de este esquema, Rolando Ismael Fernández, se negó a pagar la coima solicitada por el propio Gómez de la Fuente por lo que fue despojado de sus tierras, a la fuerza, por un grupo de pistoleros del Chaco que responderían a instrucciones de los propios funcionarios del Indert.

Las denuncias también afectaron a otros funcionarios cercanos a Torres y que hasta ahora ocupan altos cargos dentro del Indert. Una de ellas, la Directora de Asesoría Jurídica Nathalia Caballero, acusada de encabezar delegaciones de funcionarios que operan en la zona de Alto Paraná para adjudicar o revocar solicitudes a cambio del pago de coimas.

Los casos fueron denunciados en La Caja Negra y afectan a colonos de Alto Paraná quienes viven en permanente zozobra. Aseguran que son obligados a pagar coimas de 5 mil a 10 mil dólares a los funcionarios del ente rural para evitar ser despojados de sus tierras. Los casos ya están en manos en manos de la fiscalía.

Otro funcionario salpicado por denuncias es el Secretario General del Indert, Juan Angel Gonzalez Fretes. De acuerdo a sus propios compañeros de trabajo, registró un importante despegue económico desde que ingresó a la institución. Es sindicado como el “cerebro” de las operaciones de revocación de adjudicaciones.

Pese a los llamativos vínculos y conexiones que tendría el ministro Rodolfo Friedmann con los hechos denunciados, hasta el momento el Ministerio Público no solicitó ni siquiera un cruce de llamadas o un peritaje al celular del ministro. En varias conversaciones de WhatsApp se nombra al alto funcionario del Ejecutivo. Friedmann ubicó en el Indert, en puestos clave, a todos sus leales y excolaboradores de la Gobernación.

¿Seguirá operando la misma rosca?

Los integrantes de la Junta Asesora y de Control del Indert, en conversación con ABC, coincidieron en que se podrían realizar las sesiones abiertas e, incluso, transmitirlas vía Internet. Estas reuniones son dos veces al mes y las decisiones son vinculantes para el funcionamiento del ente agrario.

Los integrantes son Ángel Giménez, representante de las organizaciones campesinas; Diego Torales, de la Rural; Herminio Medina, de la Unión de Gremios de la Producción; José Domingo Adorno, del Consejo de Gobernadores; Erico Ibáñez, del Ministerio de Hacienda; Arístides Aguilar, de la Opaci, y el presidente del INDERT, Mario Vega.

“La Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial, transmite sus reuniones, por qué no podría hacerlo el Indert”, se preguntó Torales. Al respecto, Vega dijo que va a analizarlo.

Conformación de Comisión Bicameral

Ante esta situación, el diputado Celso Kennedy afirmó que impulsarán un proyecto de resolución para conformación de una Comisión Bicameral para conocer la raíz del problema y la corrupción en el Indert. “Se cambiaron varios presidentes y muchos hoy están procesados y presos con sendas acusaciones y eso significa que hay una corrupción instalada”, señaló.

Manifestó su preocupación sobre la extorsión y chantaje de público conocimiento y que una vez iniciado el pedido de interpelación del presidente saliente fueron arrimadas muchas más denuncias.

“La interpelación no tiene sentido por el hecho de que tiene como desenlace el pedido de destitución y el presidente ya renunció y la investigación debe continuar porque no creemos que sea un hecho aislado sobre el clamor y los problemas de titulación de tierras

Pese a la capacidad y liderazgo de políticos muchos terminaron comprometiéndose con la corrupción por lo que amerita una investigación seria con la modificación de la ley y ser más rigurosos y penalizar con más fuerza a los funcionarios de esta institución.

“Cambiar de nombre y de presidente ya no es suficiente y el presidente al renunciar dijo como forma de sincericidio que renunciaba para no comprometer a más personas del gobierno y eso habla de la la vehemencia respecto a la conexión con el Ministro de Agricultura Friedmann, su amigo político”, dijo.

Entre las denuncias que fueron arrimadas se encuentran trámites cajoneados, expedientes perdidos y personas que realizaron seguimiento y que pagaron coimas hasta el cansancio entre pasos que se tienen que realizar encontrando un cuello de botella con el fin de extorsionar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.