Los intentos por devolver el nostálgico brillo a la calle Palma quedan en eso, en intentos, ya que el notable avance de la venta informal va copando las veredas, sin que las autoridades municipales le pongan algún tipo de freno.

La peatonalización, un plan piloto fallido del 2015, solo trajo a más vendedores ambulantes que se ubicaron en plena calle, aprovechando la liberación del tránsito sobre la arteria. Desde entonces y hasta ahora, los comerciantes informales se instalaron y ahora ya ofrecen todo tipo de productos. Las ópticas, que importan productos legalmente, están obligados a competir contra los lentes falsificados que, al no ser originales, se ofrecen con 600% menos del valor de los anteojos de marca.

Incluso, la explanada de la joyería Libster, un local comercial que tiene casi 100 años ya en Palma, fue invadida por carteras de dudoso origen, convirtiendo a lo que alguna vez fue la recova en un mercado persa.

“La calle Palma se está volviendo un mercado”, dijo Ruth Varzan, vocera de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico de Asunción (ACECHA) y de la tienda Unicentro, refiriéndose al desorden y la falta de control por parte de la Municipalidad de Asunción.

Los intentos por retirar a los comerciantes, hasta ahora, fueron infructuosos y en lugar de hacer retroceder a los informales, los controles tuvieron un efecto contrario al deseado. “Estamos preocupados por las veredas de Palma. Pedimos que se reubique a estos vendedores”, replicó Varzán quien aseguró que el problema data desde hace ya dos décadas, sin que los intendentes le hayan dado un combate frontal.

Dijo que el centro no está ni limpio, ni ordenado y no tienen armas para combatir ante la informalidad, que sigue siendo una deuda pendiente de la administración de Mario Ferreiro. El permiso de la Comuna solo autoriza a los vendedores a ofrecer productos de artesanía pero estos solo se ofrecen en la vereda entre Chile y 14 de Mayo, frente al Banco de la Nación Argentina.

En el resto de la calle, se pueden encontrar bolsos, carteras, remeras, camisas, anteojos y otros productos, todos falsificados.

“Ya nos reunimos con todos. Con la Municipalidad, con la gente del Plan Maestro del Centro Histórico (PlanCHA)… todo queda en la nada. Recibimos la promesa de que iban a armar un plan de reubicación pero ni siquiera hay respuesta”, manifestó Varzán.

UN LENTO Y COSTOSO TRÁMITE

El director general de la Policía Municipal, Roque Troche, dijo a Hoy.com que ya empezaron con el proceso de notificaciones, intimando a los 151 comerciantes informales de calle Palma. Posteriormente, explicó que se hacen dos verificaciones más y, a partir de allí se eleva un informe a la Dirección de Asesoría Jurídica que debe emitir un dictamen.

Desde el dictamen, según siguió explicando Troche, se verá que la Dirección de Área Social se encargue de buscar una salida para los informales. “Hay que tener un poco de paciencia. Es todo un proceso. Por eso no pasamos a la siguiente etapa”, dijo el director de la PM, dejando en claro que recién están en proceso de notificación.

Dado que la Comuna no cuenta con 151 fiscalizadores, las notificaciones se realizan por tanda.

Será largo el proceso que deberán esperar los antiguos comerciantes de Palma. A medida que pasa el tiempo, las pérdidas económicas van restando el capital de los inversionistas. Ahora, solo les resta ver qué hará la Municipalidad de Asunción contra los informales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.