Casatti mencionó que, en cuanto a la imputación contra Justo Ferreira, cuesta entenderla, no por su complejidad sino por la particularidad ya que hasta el momento no comprende el motivo del por qué imputan a su cliente por ser el simple hecho de ser apoderado de Imedic SA.

Relató que la empresa, con Patricia Ferreira como su presidenta, firmó un contrato con el Ministerio de Salud para importar 400 camas. Además otras 50 camas, pero de otro proveedor para el stock de la compañía pagando un flete privado.

Para el efecto, contrataron a un fletero y un despachante quienes al momento de llegar las mercaderías, comunicaron a miembros del Clan Ferreira que ocurrió un error involuntario por lo que anexaron las 50 camas con el pedido de la cartera sanitaria. Esa situación fue notificada por medio de notas a la Dirección Nacional de Aduanas.

“Se hace la corrección, se paga el tributo correspondiente y además la multa por la falta administrativa. Se pagó el error del importador y del despachante por no hacer figurar las 50 camas que vinieron con las otras 400”, expresó en contacto con 800 AM.

Lo que llama la atención, a criterio del letrado, es que el grupo de fiscales creó una imputación a base de contrabando, asociación criminal e imputan a Justo Ferreira, quien es apoderado de Imedic.

“Yo como apoderado también de Imedic, estoy temeroso en que cualquier momento me imputen por la teoría del Ministerio Público” apuntó Casatti.

El abogado señaló como fantasioso, iluso, estúpido y que además atenta contra el pensamiento humano dichas imputaciones. “Hay que ser realmente idiota al querer pretender realizar un contrabando”, subrayó.

Adelantó que su cliente se presentará ante la audiencia de imposición de medidas y que los mismos no están renuentes a la justicia. Añadió, al mismo tiempo, que en sus años de experiencia y su paso por la Fiscalía, jamás vio un fundamento tan magro, paupérrimo e indigente como lo que se presentó ante su cliente.

Imputación al Clan Ferreira

Al ser consultado del por qué solo tanto Justo Ferreira como su hija Patricia Ferreira son los únicos imputados hasta el momento y no así algún funcionario de Salud, quienes también participaron en el proceso de compra, el abogado dijo no comprender la situación.

“Mi cliente junto a su hija son los chivos expiatorios en este caso. En mis últimos 30 años jamás vi una persecución empresarial como la que recibe esta gente”, puntualizó.

Ayer, el grupo de fiscales conformado por Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron la imputación en contra de Justo Ferreira, Patricia Ferreira, Carlos Gamarra, Lauri Pohl, Guillermo Molinas, Gustavo Acosta y Mario Olmedo por los hechos de Contrabando, Producción de Documentos no auténtico y Asociación Criminal.

Agentes del Ministerio Público además solicitaron prisión preventiva por existir peligro de fuga y obstrucción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.