El fiscal Silvio Corbeta manifestó que la imputación presentada contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se fundamenta en informes recibidos de la Contraloría General de la República, trabajos de la trazabilidad realizados por la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), informes de la Policia Nacional, además de estudios y pericias caligráficas que sostienen la presentación de la Fiscalía.

Miguel Prieto denunció a los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas por persecución de inocentes y uso de contenido público de contenido falso. Los mencionados fiscales semanas atrás imputaron a Prieto por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza durante su gestión en la comuna de Ciudad del Este.

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El jefe comunal esteño está sindicado de haber realizado compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos durante la pandenia del Covid-19, por valor de G. 1.769.790.000, lo que produjo un perjuicio económico a la municipalidad fronteriza.

El Ministerio Público pidió el arresto domiciliario de Prieto y de los otros imputados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Alvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.

Según la imputación, el 20 de marzo de 2020, por resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este llamó a licitación por vía de la excepción para la adquisición de cestas básicas a ser distribuidas a familias de escasos recursos por la pandemia del covid-19.

La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. Para la Fiscalía, la firma adjudicada no habría tenido en su inventario la totalidad de las mercaderías ofertadas a la comuna, para el 23 de marzo de 2020, fecha en la cual el comité de evaluación se reunió para evaluar la oferta.

La imputación añadió que no obraba documento alguno que acreditara que la misma contara con la disponibilidad material de proveer los bienes ofectados de forma inmediata. Asimismo, la proveedora tampoco contaba con la capacidad financiera, técnica ni experiencia para dar cumplimiento a la licitación de un monto tan significativo.

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Según las sospechas, la estructura jurídica de Tía Techa SRL habría sido utilizada para hacer un montaje documental para ocasionarle a la municipalidad de Ciudad del Este un perjuicio de G. 1.769.790.000.

La firma, agrega la imputación, entregó los 15 mil kits el 27 de marzo de 2020, y la comuna hizo un pago de G. 1.769.790.000 y luego se habría hecho una segunda entrega de 10 mil kits de alimentos el 13 de abril de 2020, y de esa forma se completó la entrega de 25 mil kits, lo cual no se ajusta a la realidad.

El camionero paraguayo denunció la crítica situación que vive junto a otros compatriotas en la localidad de Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia. En una entrevista concedida al canal GEN/Nación Media, el trabajador reveló que llevan 35 días varados en territorio peruano sin poder avanzar debido al severo bloqueo de rutas que mantienen grupos indígenas en Bolivia, quienes exigen la salida del presidente de ese país.

Los manifestantes cortaron los accesos con maquinaria pesada, piedras y palos, impidiendo el paso de cualquier tipo de vehículo.

Valdez calificó de “vergüenza” y de “migajas” la asistencia económica brindada por la embajada paraguaya en Lima. Según explicó, la representación diplomática les envió un primer desembolso de 270 soles, unos 479.000 guaraníes, a los ocho días de haber llegado, y una segunda partida de 170 soles hace apenas una semana.

El chofer lamentó que el dinero solo les alcanza para cubrir los gastos de alimentación de dos días, debido a que los comerciantes locales inflan los precios de los productos básicos al notar la desesperación de los transportistas.

La situación se complica aún más para estos trabajadores debido a su condición laboral, ya que operan como propietarios independientes. Valdez aclaró que los camiones están registrados bajo una empresa de transporte local que únicamente les provee el permiso internacional necesario para circular por la región de manera legal.

A pesar de haber enviado toda la documentación correspondiente y sus datos de identidad a los responsables de la firma para solicitar apoyo, el conductor denunció que la empresa optó por llamarse a silencio y desentenderse del problema, dejándolos completamente a su suerte.

Actualmente, el panorama es de total incertidumbre para el grupo de paraguayos, quienes transportan cargas que van desde telas y plásticos hasta aceite bitónico.

A pesar de contar con todos los papeles de tránsito en regla para cruzar a territorio boliviano y continuar el viaje hacia Paraguay, los afectados no tienen una fecha estimada de retorno ni saben cuánto tiempo más durará el conflicto político ajeno que los mantiene retenidos.

El Gobierno Nacional dejó sin efecto los decretos 5306 y 5307, vinculados al régimen de industrias convergentes y proyectos de transformación energética, según confirmó este martes el ministro de Industria y Comercio y jefe de Gabinete, Javier Giménez.

“El presidente ordenó que se deje sin efecto los decretos relacionados con industrias convergentes”, afirmó el secretario de Estado, al anunciar la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo.

Las normativas habían sido promulgadas en enero de este año y posteriormente modificadas en abril, con el objetivo de establecer condiciones especiales para atraer inversiones de alto consumo energético al país.

El Decreto 5306 declaraba como política pública el desarrollo de las denominadas industrias convergentes, categoría que incluía actividades como centros de datos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y otras iniciativas tecnológicas intensivas en el uso de energía eléctrica. La normativa contemplaba además mecanismos especiales para la habilitación de estos proyectos y esquemas tarifarios específicos para el suministro de energía.

Por su parte, el Decreto 5307 estaba orientado a proyectos denominados “Power to X”, destinados a transformar energía eléctrica en productos de valor agregado como hidrógeno verde, amoníaco verde, metanol y combustibles sintéticos, considerados estratégicos dentro de la transición energética global.

Ambos decretos buscaban aprovechar la disponibilidad de energía hidroeléctrica paraguaya para captar inversiones nacionales y extranjeras, ofreciendo previsibilidad para proyectos de gran escala.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás a estas disposiciones. “Este gobierno no tiene empachos en corregir en lo que se tenga que corregir”, sostuvo Giménez al explicar la determinación.

El ministro argumentó que la prioridad del Gobierno pasa actualmente por fomentar un mayor aprovechamiento interno de la energía generada en el país. “La prioridad ahora es dejar de exportar energía y que se use en Paraguay”, expresó.

La derogación de las normas marca un cambio en la estrategia impulsada por el Ejecutivo respecto al uso de la energía disponible, en momentos en que el debate sobre industrialización, inversiones y aprovechamiento de los excedentes hidroeléctricos ocupa un lugar central en la agenda económica nacional.

El encuentro se llevó a cabo en Villa Serrati, sede del MEF, y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Oscar Lovera, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. También participaron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez; así como representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco).

Durante la reunión fueron evaluados los avances en el cumplimiento de los pagos correspondientes a obligaciones pendientes con el sector, además de la ejecución presupuestaria del MOPC en el presente ejercicio fiscal.

Las autoridades también analizaron el ritmo de ejecución de las obras públicas desarrolladas durante el año y las proyecciones previstas para el segundo semestre de 2026, en el marco de las inversiones impulsadas por el Gobierno en infraestructura.

El ministro Lovera destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre el sector público y privado, señalando que este tipo de espacios contribuye a generar previsibilidad financiera y facilitar el desarrollo de los proyectos en ejecución.

En ese contexto, reiteró la apertura del Ministerio de Economía para continuar dialogando con los distintos actores vinculados a la actividad de la construcción y evaluar alternativas que permitan atender las necesidades del sector.

Por su parte, la ministra Centurión valoró el acompañamiento de los gremios en la búsqueda de mecanismos para avanzar en la regularización de los compromisos pendientes del Estado, al tiempo de destacar el trabajo conjunto desarrollado con el equipo técnico del MEF.

A su turno, representantes de Cavialpa y Capaco resaltaron la predisposición mostrada por ambas instituciones y destacaron la importancia de la mesa de trabajo instalada entre el Gobierno y el sector privado para coordinar acciones y plantear soluciones a los desafíos que enfrenta la actividad constructiva.