El primero fue privado de su libertad este 17 de julio y está con pedido de prisión preventiva y el segundo permanece prófugo de la justicia, con requerimiento de Rebeldía. Con relación al hecho inicialmente fue imputado Yoni Rolando Ayala Quiñónez, chofer de la firma de caudales, quien habría facilitado el millonario robo, según los investigadores.

De acuerdo con la imputación, un mes atrás, Ríos y Vargas Navarro habrían contactado con Ayala Quiñónez en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva de la capital del Alto Paraná. En la oportunidad, los presuntos delincuentes plantearon al chofer de la empresa “Guardían S.A.” hacer un “trabajo”, que consistiría en brindar informaciones sobre el movimiento de los transportadores de caudales de la firma, a cambio de un pago. Al llegar a un acuerdo, los supuestos delincuentes le facilitaron al empleado un sim card de la empresa Personal, a través del cual se comunicaban.

Este 16 de julio, Ayala Quiñónez habría facilitado informaciones a los asaltantes antes de partir con el camión de caudales con destino a San Alberto, transportando dos bolsas de dinero, y sin comunicar del traslado a la Policía Nacional Al llegar al kilómetro 47, unos 15 a 20 hombres encapuchados, con armas largas y cortas, atacaron a balazos el rodado.

En la oportunidad, el conductor, quien iba acompañado por el cajero de la empresa, Óscar Cristaldo Portillo, habría encostado en la banquina el camión sin oponer resistencia. En una camioneta, de la marca Mahindra, iban los custodios Derlis Javier Colmán, Miguel González Brítez, Carlos Rotela Fernández y Marciano Aquino, quienes tampoco pudieron reaccionar.

Acto seguido, los asaltantes se apoderaron de las bolsas de dinero, con unos 1.000 a 1.200 millones de guaraníes, y escaparon del lugar, no sin antes de incendiar un automóvil y esparcir clavos “miguelito” sobre el asfalto. Posteriormente, en su huida, abandonaron una camioneta, de la marca Toyota Hilux, de color negro, con matrícula AXF 053, que usaron para el golpe, en la colonia Toryvete y prosiguieron su camino en otro rodado.

En el interior de la camioneta fueron hallados cartuchos de 9mm, 7.62, calibre 12, además de otras evidencias relacionadas al atraco. En tanto, que del lugar del asalto fueron igualmente recogidos vainillas servidas y proyectiles sin percutir, por una comitiva fiscal policial encabezada por el fiscal Alfredo Acosta Heyn.

El representante público inicialmente ordenó la detención preventiva de los 6 empleados de “Guardián S.A.”, aunque luego todos quedaron en libertad, a excepción de Yoni Rolando Ayala Quiñónez, quien está procesado por robo agravado y asociación criminal, y se encuentra con pedido de prisión.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.