El agente fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad 6 de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó a dos funcionarias, en el marco de la intervención de la dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo.

Las mismas están identificadas como Mabel Corvalán Achucarro y Nilsa Evelin Morel Giménez.

La primera fue imputada por los hechos punibles de uso de documento públicos de contenido falso, en calidad de autora, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de instigadora, y cohecho pasivo agravado en calidad de autora. En tanto, la segunda por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

En tal sentido, el fiscal Guerrero solicitó la aplicación de medida cautelar de arresto domiciliario.

A través del allanamiento, se ha constatado que Corvalán Achucarro, funcionaria de la dirección de Tránsito de la municipalidad de San Lorenzo, es quien estaría detrás de un mecanismo para la obtención de certificado de vida y residencia exigido para la renovación de registro de conducir.

Para el efecto, al recibir consultas de los contribuyentes, informaba los requisitos para acceder a la renovación señalando que uno de ellos es el certificado de vida y residencia policial, y que ella podría conseguirlo a cambio de un pago.

En ese sentido, solicitaba al contribuyente su cédula de identidad al cual procedía a quitar foto por medio de su celular. Posteriormente, presuntamente remitía la fotografía a un personal de la Policía Nacional a fin de que este elabore la constancia de vida y residencia.

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De acuerdo al relato de las víctimas quienes refirieron que, efectivamente, al acercarse en la ventanilla de atención de la Municipalidad de San Lorenzo, la funcionaria Corvalán era quien se encarga de señalar los requisitos para la renovación de Registro de Conducir y que entre ellos podría conseguirlas la Constancia de Vida que expide la Policía para agilizar el trámite por registro y que así lo hizo obteniendo la Constancia de vida y Residencia expedida por el Puesto Policial 002 Villa 24 de Junio de San Lorenzo.

Se constató también que la suboficial Nilsa Morel, del mencionado Puesto Policial, proveía a Mabel Corvalán de la constancia requerida, cuyo contenido no sería auténtico al juzgar por los testigos que obran en el contenido.

Durante el procedimiento en la dirección de Tránsito se ha incautado de la cartera de Corvalán, la suma de G. 60.000 que fueran previamente marcado por orden judicial, así como más de G. 2.500.000. en billetes varios y la mayoría de ellos con denominación de diez mil guaraníes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.