El fiscal Juan Ramón Olmedo Centurión, de la Unidad Penal N° 3 especializada en Delitos Informáticos, detalló en comunicación con radio Ñanduti que el afectado presentó la denuncia en contra de su expareja, donde manifestó que encontró un dispositivo en el habitáculo de su vehículo, específicamente dentro del tablero que cumplía doble finalidad, ya que servía como GPS, además de micrófono que permitía escuchar las conversaciones.

“Ellos están en una situación de separación, un proceso de divorcio. El hombre presentó la denuncia porque hubo ciertas situaciones que lo llevaron a desconfiar porque sabían ciertos movimientos de él, por lo que supuso que estaba siendo espiado”, expresó el fiscal.

En esa línea, indicó que imputó a la mujer por el hecho punible de lesión del derecho a la comunicación e imagen, ya que la misma “escuchó conversaciones que no iban dirigidas a ella y eran las que el denunciante tuvo en el habitáculo de su automóvil.

Olmedo mencionó que los informes de la telefonía refieren un tráfico de datos en ciertos horarios entre el dispositivo que estaba en el vehículo, un chip a nombre de la mujer y el teléfono móvil de la misma.

Sobre ese punto, el agente fiscal dijo que la denunciada manifestó en su declaración indagatoria que instaló el dispositivo, ya que tendría dudas en cuanto al manejo de la empresa que tendrían en conjunto, no obstante, explicó que aunque ese haya sido el motivo o no, la conducta está prohibida, por lo que se da inicio a un proceso penal de hasta dos años o multa.

“Están en medio de un juicio de disolución de sociedad conyugal, hay un cierto debate en base a los bienes que podrían tener”, acotó.

Por último, refirió que el hombre contrató un técnico que desinstaló el aparato y todo el procedimiento se realizó ante una escribana.

“Es importante que la gente sepa que no está permitido escuchar conversaciones que no están dirigidas a ellas, y en caso de hacerlo de manera empresarial, la instalación se hace bajo el consentimiento mutuo”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.