Los procesados están identificados como Daniel Domínguez Cristaldo (30) y su esposa Liz Mabel Salgueiro Ortiz (25), quienes afrontan cargos por homicidio doloso y hurto agravado. Los mismos se encuentran privados de su libertad en sede de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Según la investigación, en aquella oportunidad, en horas de la madrugada, los hoy imputados habrían ingresado al interior de la vivienda de la víctima, Blas Antonio Martínez Aguirre, en el kilómetro 6,5 fracción San Blas, y presumiblemente le aplicaron 10 puñaladas en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte casi en el acto.

Seguidamente, los presuntos criminales huyeron del lugar y luego se confirmó que de la vivienda desaparecieron una motocicleta Star 150, de color bordó, año 2011, con matrícula 065 CAZ, un TV Plasma y un teléfono celular, pertenecientes a la víctima.

En prosecución de la investigación, la Fiscalía recogió testimonio de Julio César Martínez, hermano del ahora fallecido. El citado manifestó que el 15 de abril pasado mantuvo una comunicación telefónica con Blas Antonio, oportunidad en que éste le comentó que mantuvo una discusión con Liz Mabel, quien era su pareja ocasional.

Le contó además que la mujer salió enojada del lugar, llevó la llave de su motocicleta y rompió el candado de la casa. El hoy fallecido le pidió en esa ocasión a su hermano que le cuidara la casa cada vez que pueda, ya él debía trabajar y que no sabía cuál era la intención de la mujer.

Con los elementos de sospecha recabados, el fiscal Alcides Giménez ordenó la detención preventiva de los presuntos autores del homicidio. Posteriormente, el 19 de abril, a la 01:00, agentes del Departamento de Homicidios detuvieron a Daniel Domínguez y Liz Salgueiro, en la colonia Laterza Cué, distrito de Mariscal Francisco Solano López, departamento de Caaguazú.

Finalmente, el representante del Ministerio Público dispuso la imputación de los esposos y requirió la prisión preventiva de los mismos, quienes permanecen recluidos en sede policial. Los encausados se exponen a varios años de pena carcelaria, considerando la gravedad de los hechos supuestamente cometidos.

Miguel Zayas, presidente de la Central Nacional de Trabajadores, comentó que desde hace 3 años existe una pérdida del poder adquisitivo de aproximadamente el 30%.

Ante esa situación, desde el gremio piden a que el reajuste del salario mínimo para este año sea del 15%, es decir, cerca de 420 mil guaraníes más.

“Con esto podríamos estar conformes porque los precios de los productos de la canasta básica han disparado y no bajaron desde hace años”, expresó Zayas al canal GEN/Nación Media.

Lamentó que el Índice del Precio al Consumidor(IPC) sea determinado por el Banco Central del Paraguay (BCP), por lo que, desde el gremio solicitan que otra institución sea la encargada de determinarlo.

Al cierre del cuarto mes del año, la inflación acumulada reportada por el BCP es del 3 %. Esto equivale a 83.949 guaraníes, insuficiente para los trabajadores, según Zayas.

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“Nosotros necesitamos el 15%, en una reunión que se realizó en la mesa sindical, dijimos que no va a terminar en el oparei si es que no nos dan ese porcentaje. Tomaremos medidas de fuerza”, agregó Miguel Zayas.

Cabe destacar que el propio ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que el IPC que establece el BCP no condice con el incremento de precios de los alimentos, por lo que también sugirió un nuevo cálculo.

El reajuste del salario mínimo debe ser definido por el Consejo de Salario Mínimo que se reunirá en junio, para que desde julio comience a regir el aumento que se establece según el IPC.

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La intervención se apoyó en el trabajo de canes detectores de drogas, cuyos indicios permitieron solicitar la apertura judicial correspondiente.

La carga tenía como punto de origen la ciudad de Asunción y destino final Arabia Saudita. Atendiendo a las circunstancias, la fiscal antidrogas Pamela Pérez ordenó la retención preventiva del paquete, cuya apertura judicial se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, con la presencia de la jueza Lici Teresita Sánchez.

En el interior del paquete se encontraron cinco vasos térmicos con diseño decorativo alusivo a un club deportivo, además de camisetas. Tras un análisis minucioso, se constató que los vasos contenían un total de 1 kilo 616 gramos de cocaína, cuyo valor estimado en destino asciende a 150 mil dólares americanos.

Este procedimiento confirma nuevamente la intención de redes criminales de utilizar artículos cotidianos y temáticas deportivas como fachada para el tráfico internacional de drogas. La SENAD reafirma su compromiso de evitar que este tipo de cargamentos logren su objetivo, mediante controles preventivos en puntos clave del territorio nacional.

Según el gobernador Landy Torres, el proyecto forma parte de la iniciativa nacional de 1.000 km de pavimento anunciada recientemente por el presidente de la República. En la primera etapa, se prevé la pavimentación de 40 km con empedrado y 60 km de asfalto sobre empedrado. Posteriormente, se sumarán otros 50 km adicionales, alcanzando un total de 150 km. Además, se destinarán otros 50 km de pavimento asfáltico a través de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y la planta asfáltica instalada en el distrito de Ñacunday.

El gobernador explicó en entrevista con radio Universo 970 AM que Itaipú aportará los insumos para la planta asfáltica, mientras que los intendentes coordinarán los tramos prioritarios en sus respectivos municipios. Las obras se iniciarán en junio y tendrán una duración de aproximadamente un año.

Torres resaltó que el proyecto generará empleo directo e indirecto en las localidades beneficiadas, ya que la modalidad de pavimentación empleará a trabajadores locales. Durante una reunión con 20 de los 22 intendentes del departamento, se acordó priorizar la contratación de mano de obra de cada distrito para maximizar el impacto económico.

Respecto a las críticas de que el proyecto podría tener un tinte electoralista, el gobernador rechazó tales acusaciones y afirmó que el objetivo es el desarrollo vial de Alto Paraná. Señaló que la convocatoria incluyó a intendentes de distintos partidos políticos para evitar interpretaciones sesgadas.

El proyecto no solo mejorará la infraestructura vial, sino que también dinamizará la economía local. Según el gobernador, además del empleo directo, actividades informales como la venta de alimentos y otros servicios también se verán favorecidas durante la ejecución de las obras.