La fiscal Zunilda González confirmó a la 970 AM que Marcelo Emanuel Álvarez y Ángel Daniel Fretes Burgos fueron imputados por el hecho punible de estafa. Sobre los mismos pesaban varias denuncias realizadas por personas que cayeron en este esquema, entre ellos funcionarios judiciales, fiscales, además de algunos pobladores de la zona de Cordillera.

Tanto Álvarez como Fretes eran dos jóvenes muy conocidos en la ciudad de Caacupé, manifestó la agente fiscal, hecho que habrían utilizado a su favor para darse a conocer y llegar a contactar con varias de las víctimas en ese sector.

De acuerdo al relato, en una oportunidad se había realizado una gran reunión en el Hotel Alta Gracia de Caacupé donde ambos explicaron cómo funcionaba el sistema “D9”. En ese momento se les dijo a los presentes que iban a ingresar a una “plataforma multinivel” en la que iban a ganar importantes sumas de dinero a cambio de que depositen montos específicos de acuerdo a sus posibilidades, todo con una especie de contrato verbal.

González confirmó que uno de los denunciantes llegó a depositar una suma de 12 millones de guaraníes, mientras que otro G. 25 millones. Inclusive, se llegó a tener conocimiento de que una de las víctimas habría llegado a entregar cerca de 25.000 dólares.

Los presuntos estafadores llegaron a depositar en dos oportunidades el dinero prometido a las víctimas (170 dólares), con la promesa de que llegarían a tener una ganancia de G. 50 millones en un año, siempre y cuando incorporaran a más gente dentro del sistema, cosa que no sucedió.

La representante del Ministerio Público mencionó que cuentan con seis meses de plazo para continuar con la investigación y reunir los suficientes elementos probatorios a fin de presentar una acusación formal contra los ahora imputados. Los mismos cuentan con medidas alternativas a la prisión.

“Era toda una cadena, mucha gente se entusiasmaba y así fueron cayendo”, expresó Zunilda González.

En la ciudad de Caacupé habrían entre 50 y 60 personas que habrían sido estafadas por Álvarez y Fretes a través del sistema “D9 – Club de Emprendedores”, mencionó la agente fiscal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.