El fiscal Alfredo Acosta Heyn imputó Edgar Monges Riquelme, de 36 años, presuntamente involucrado en una tentativa de asalto contra la transportadora Prosegur S.A. El mismo se encuentra privado de libertad en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado de Garantías.

El hecho ocurrió el 14 de julio sobre la Ruta PY07 (ex supercarretera), altura del kilómetro 52, en la citada localidad, donde resultaron víctimas tres trabajadores quienes venían a bordo de un camión desde Salto del Guairá a Ciudad del Este.

Al alcanzar el lugar de referencia, varios criminales interceptaron en tres vehículos al transportador de caudales y abrieron fuego contra el rodado. Las víctimas respondieron de la misma forma y repelieron el ataque. Tras el fuego cruzado, los atacantes huyeron del lugar y abandonaron los tres rodados en una zona boscosa de la colonia indígena Acaraymí.

Primero se halló un automóvil VW Vogage con chapa brasileña, en cuya valijera encontraron un balde con clavos “miguelitos”. Luego, a unos 300 metros del sitio, los presuntos delincuentes abandonaron una camioneta, de la marca Toyota Fortuner con chapa paraguaya.

El vehículo presentaba dos impactos de balas en la puerta delantera derecha y otros en la parte trasera del rodado. Además, en el interior del mismo había un montaje de madera que serviría presuntamente para acoplar armas de grueso calibre.

Mientras, el tercer rodado fue encontrado totalmente incinerado en un camino terraplenado de la localidad denominada Línea Shert, camino a Gleba 11, que une Mbaracayú con San Alberto.

En prosecución de la investigación, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron varios allanamientos en diferentes puntos de Hernandarias y, en una de las intervenciones detuvieron a Edgar Monges Riquelme, de cuyo poder fue incautado un teléfono celular. Su vivienda con un aguantadero, donde se habría guardado el automóvil involucrado para que fuera incinerado.

Posteriormente, el mismo detenido acompañó a la comitiva a la siguiente vivienda, en un establecimiento rural, a orillas del río Acaray. Del lugar incautaron varias evidencias que podrían tener relación con la tentativa de asalto, como un chaleco reflectivo fosforescente y varias piezas de material plástico oscuro utilizado para polarizado de vehículos.

El fiscal Acosta Heyn, al considerar los elementos de sospecha, presentó la imputación contra Monges Riquelme y de igual forma solicitó al Juzgado su prisión preventiva.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.