Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, indicó a la radio Universo 970 / Nación Media que más allá de las pérdidas materiales, en la institución lamentan la pérdida de su compañero Aníbal Ortiz, quien se desempeñaba como coordinador del Departamento de Concepción y resultó víctima fatal del incendio registrado ayer.

El mismo tenía a funcionarios a su cargo y su oficina estaba situada en la planta alta (en el último nivel) del bloque siniestrado, de acuerdo con el entrevistado.

“La Fiscalía nos comentó que sus compañeros relataron que Aníbal Ortiz logró salir cuando sonó la alarma de incendio junto con las demás 300 personas que cumplen funciones en ese bloque, pero por cosas de la vida volvió a entrar para rescatar un documento que era para la consulta médica de la hija. Lastimosamente ya no pudo volver a salir”, refirió.

La autoridad detalló que el bloque siniestrado tenía tres niveles: el depósito de máquinas funcionaba en la planta baja; desde el segundo nivel estaban los espacios de auditorías de las máquinas y en el último nivel se situaba la zona de impresiones de padrones y cartelería.

“Tenemos un reporte extraoficial de que son 7.500 las máquinas de votación que quedaron reducidas a la nada misma. Es algo impresionante porque teníamos en un lugar acondicionado, especial para las máquinas que estaban en jaulas con montacargas, con sistema de refrigeración, era algo de primer mundo, pero ayer vimos desde la distancia y se nos rompía el corazón”, comentó por otro lado.

El vocero del TSJE refirió que para las internas del 18 de diciembre es imposible que se logre conseguir nuevas máquinas, por lo que se tendrá que trabajar con las que quedaron. Otras 14.000 máquinas están en un depósito en Fernando de la Mora, además de las que fueron distribuidas con anterioridad a las oficinas regionales del TSJE.

Ruiz Díaz indicó que solo Argentina usa la misma tecnología, por lo que ve difícil que se pida prestada la máquina de elección. De Brasil no pueden prestarse porque allí se utilizan urnas electrónicas (no así máquinas electrónicas de votación que se implementan en Paraguay).

Sobre la posibilidad de un incendio provocado, indicó que aún se desconoce el motivo del siniestro. “Vamos a dejar en manos de los peritos que se determine la causa exacta del incendio. Tenemos un sistema de circuito cerrado y será analizado eso. Somos los más interesados en dilucidar”, dijo por último.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.