Durante una conferencia realizada esta mañana en Palacio de López, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, la viceministra de Salud, Lida Sosa, y referentes de diversos gremios del sector privado anunciaron la nueva propuesta que busca incentivar a la vacunación contra el COVID-19.

En tal sentido, se habló de la posibilidad de exigir el certificado de vacunación COVID en las actividades de alta concurrencia donde el riesgo de contagio sea mayor. Dicha idea nació desde el sector de eventos, turismo y hotelería, apuntando a la realización de eventos de manera segura.

Lida Sosa mencionó que se trabaja en la posibilidad de modificar el protocolo para eventos y cultura, de manera a aumentar el aforo en ciertos locales pero con el requisito de que quienes acudan tengan el esquema completo de vacunación.

“La idea es motivar a que quienes aún no se vacunaron puedan hacerlo para poder asistir”, remarcó la autoridad sanitaria.

Alberto Sborosky, titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU), comentó que en la reunión también hablaron de implementar otras acciones para aumentar el número de inmunizados, como por ejemplo la instalación de puestos de vacunación en los estacionamientos de dichos centros comerciales, además de la entrega de incentivos.

La idea inicialmente contempla que estas medidas se realicen en las regiones del país en las que los índices de vacunación son más bajos, resaltó el empresario.

Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), dijo que desde el sector gastronómico también buscarán otorgar incentivos a las personas vacunadas que acudan a sus locales. Como ejemplo mencionó el poder regalar a los clientes que se hayan vacunado en el último mes bebidas calientes o frías sin alcohol.

Igualmente, aclaró que no prohibirán a las personas que no estén vacunadas el ingreso a los locales, ya que aún mantienen los protocolos sanitarios que permiten evitar contagios de COVID-19.

Gustavo Giménez, vicepresidente de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (ASEPPE), dijo que tienen la idea de ampliar al 100% del aforo en los locales de eventos, con posibilidad de tener un 80% de participantes vacunados y el 20% restante con test PCR o antígeno con resultado negativo.

Las medidas anunciadas hoy en Palacio de López todavía no entrarán en vigencia sino hasta el próximo decreto presidencial que extienda las medidas sanitarias a partir del 11 de diciembre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.