En una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media, Nelson Pintos, jefe de Lavandería del Hospital Central del IPS, se refirió a la licitación para servicios de lavado y planchado de ropas hospitalarias, por más de USD 67 millones.

“Nosotros dependemos de un departamento y la Dirección que hizo el llamado es otra. Es una incertidumbre bastante grande la que tenemos. No sabemos lo que está ocurriendo y qué va a pasar con nosotros. Nosotros cumplimos con el servicio perfectamente en tiempo y forma“, indicó.

El entrevistado dijo que llamativamente el Hospital Central cuenta con la mejor estructura de todo el sistema sanitario y además siempre cumple en tiempo y forma con el servicio de lavado y planchado, por lo que no existe explicación alguna a la decisión de tercerizar ahora el trabajo.

“Tenemos dos plantas lavadoras, la primera con cuatro lavadoras convencionales y la segunda con cuatro lavadoras gigantes con 100 kilos, de las cuales solamente una está fuera de servicio actualmente por falta de repuesto”, precisó el jefe. En este momento el servicio ofrecido por los 134 funcionarios  llega a tres hospitales: al central del IPS, Ingavi y Geriátrico.

“Deberían de tercerizar para otros hospitales, como Coronel Oviedo, Villarrica, Encarnación o CDE, pero no en Central donde cubrimos en tiempo y forma. El costo-beneficios, en insumos nosotros lavamos a 218 guaraníes el kilo, ese es el costo en lavandina y jabón”, dijo. Esto revela la abismal la diferencia que se está manejando en la licitación: a 22.500 guaraníes el kilo.

Otro punto llamativo es que no existe ninguna empresa privada con la maquinaria igual a la previsional para hacer el trabajo a gran escala, de acuerdo con Pintos.

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LA LLAMATIVA LICITACIÓN

A meses de concluir una administración, el Instituto de Previsión Social apura de forma llamativa una licitación de lavado y planchado que pretende adjudicar por un plazo de 10 años, por un valor de 67 millones de dólares.

El secretario general del Sindicato de Profesionales del IPS, Sergio Lovera, denunció que el manejo de este caso es totalmente irregular, al igual que otros como limpieza y seguridad y uso del combustible.

“Es una aberración, al firmar por 10 años un contrato, están comprometiendo el fondo de jubilación, el artículo 25 dice que el uso indebido de fondos jubilatorios es un crimen de lesa humanidad”, expresó Lovera, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.