La empresa de transporte 29 de Setiembre Boquerón SRL lleva en su haber una serie de irregularidades, según publica el MOPC entre ellas una deuda que asciende a G. 1.076.649.434 con el Viceministerio de Transporte, en concepto de cánones y multas impagas de varios años.

También mantiene una deuda con el Banco Nacional de Fomento por valor de 2.318.292 dólares por un préstamo que le fuera concedido para la compra de buses.

Entre los antecedentes de la empresa figuran además los incumplimientos legales con la Subsecretaría de Tributación en su calidad de contribuyente del IVA e IRACIS, también están registrados además de normas laborales en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde instruido un sumario administrativo al respecto.

El MOPC aclara que la empresa no cuenta con permiso de la Autoridad Administrativa de Transporte para usufructuar la línea 18 y que además, registra una serie de incumplimientos legales, tales como evasión fiscal, cánones y multas impagas al Viceministerio de Transporte y violación de leyes laborales, que denotan la total irregularidad en que pretenden seguir prestando el servicio de transporte de pasajeros.

La institución indica que la empresa pretende seguir operando sin ningún tipo de control o fiscalización por parte del Viceministerio de Transporte situación que no solo resulta irregular, sino además, expone a los usuarios a recibir un servicio deficitario y eventualmente lesivo de su integridad física y la vida.

Por su parte, los choferes de la empresa denuncian una supuesta persecución por parte del Viceministerio del Transporte y exigen que las autoridades les permitan seguir trabajando en sus unidades.

Ayer, tres de los trabajadores iniciaron una huelga de hambre frente al MOPC en busca de respuestas de las autoridades a quienes reclaman el cumplimiento de la medida cautelar que les permite seguir circulando.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.