La empresa de transporte 29 de Setiembre Boquerón SRL lleva en su haber una serie de irregularidades, según publica el MOPC entre ellas una deuda que asciende a G. 1.076.649.434 con el Viceministerio de Transporte, en concepto de cánones y multas impagas de varios años.

También mantiene una deuda con el Banco Nacional de Fomento por valor de 2.318.292 dólares por un préstamo que le fuera concedido para la compra de buses.

Entre los antecedentes de la empresa figuran además los incumplimientos legales con la Subsecretaría de Tributación en su calidad de contribuyente del IVA e IRACIS, también están registrados además de normas laborales en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde instruido un sumario administrativo al respecto.

El MOPC aclara que la empresa no cuenta con permiso de la Autoridad Administrativa de Transporte para usufructuar la línea 18 y que además, registra una serie de incumplimientos legales, tales como evasión fiscal, cánones y multas impagas al Viceministerio de Transporte y violación de leyes laborales, que denotan la total irregularidad en que pretenden seguir prestando el servicio de transporte de pasajeros.

La institución indica que la empresa pretende seguir operando sin ningún tipo de control o fiscalización por parte del Viceministerio de Transporte situación que no solo resulta irregular, sino además, expone a los usuarios a recibir un servicio deficitario y eventualmente lesivo de su integridad física y la vida.

Por su parte, los choferes de la empresa denuncian una supuesta persecución por parte del Viceministerio del Transporte y exigen que las autoridades les permitan seguir trabajando en sus unidades.

Ayer, tres de los trabajadores iniciaron una huelga de hambre frente al MOPC en busca de respuestas de las autoridades a quienes reclaman el cumplimiento de la medida cautelar que les permite seguir circulando.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.