“Como ya es costumbre en el diario ABC Color, continúa groseramente su campaña buscando desprestigiar al INDERT a como dé lugar, incluso, esta vez, manipulando una intervención fiscal que la propia institución facilitó aportando meses atrás decenas de documentos acerca de la construcción de los sistemas de agua potable en las colonias y asentamientos más necesitados del país. ACB no se cansa de sus payasadas”, indicó a través de un comunicado el Indert.

Se trata del caso de la Fundación Reseda Poty, el cual figuraba que estaba ubicado en un motel, según la publicación periodística. Sobre ese punto, la institución aclaró que la ONG estaba ubicado en las inmediaciones, pero en un tinglado que actualmente es utilizado como un depósito. La organización estuvo en el lugar hasta el 31 de diciembre, tras lo cual se mudó a la sede donde recibía las notificaciones correspondientes.

“La falta de los directivos de la organización evidentemente fue no haber comunicado el cambio de domicilio a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). La ONG está obligada a hacerlo así como cualquier empresa de carácter privado”, dijo al respecto Justo Cárdenas, presidente del ente estatal.

El funcionario estatal contó que la oficina actual de la fundación Resedá Poty es Angel Pezolani N° 270, barrio San Roque González, en las inmediaciones de la Policía Caminera, de San Lorenzo.

Cárdenas agregó que “cada uno de los actores involucrados en la construcción de los sistemas de agua debe asumir su cuota de responsabilidad, y el Indert no apañará ningún hecho irregular”.

El titular del instituto explicó que en la dirección de referencia hay cuatro esquinas. “Sin embargo, ABC tomó la foto de la fachada del motel habiendo cuatro esquinas. Solicité datos sobre la publicación a los responsables y me aclararon que sí existe un depósito en una de las esquinas (cuya foto adjuntamos), donde ellos hacían oficina hasta el 31 de diciembre del año pasado. Luego cambiaron de domicilio, pero ese hecho debieron haber comunicado a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)”, agregó.

Cárdenas, el 9 de mayo de este año, se puso a disposición de la justicia solicitando a la Fiscalía investigación sobre la construcción de pozos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.