Cerca de un centenar de personas, entre las que se cuentan muchos niños, viajaron el pasado lunes desde su comunidad, ubicada en el Chaco paraguayo a unos 355 kilómetros de la capital, y permanecen desde entonces instalados en la vereda de la céntrica calle Palma, ante el Ministerio de Hacienda.

Los nativos, del pueblo sanapaná, exigen a esta institución que establezca un calendario para liberar los fondos necesarios para el pago de sus tierras, de las que fueron expulsados hace más de treinta años por varias empresas ganaderas.

En 2010, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado paraguayo a restituir a los indígenas las 10.700 hectáreas de superficie que componen el territorio de Xákmok Kásek.

El Estado paraguayo llegó a un acuerdo de compra con uno de los propietarios de los terrenos, que posee la titularidad sobre 7.700 hectáreas del total de estas tierras, ocupadas por la explotación ganadera Estancia Salazar, del estadounidense Roberto Eaton.

Sin embargo, la demora del Ministerio de Hacienda para liberar los fondos que permitan al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) realizar la compra preocupa a los nativos, por lo que decidieron desplazarse hasta la capital.

“La comunidad decidió venir para exigir el pago de la tierra, es la única forma que encontramos para presionar al Estado”, afirmó a Efe María Laura López, integrante de la comunidad.

Explicó que, aunque en estos días a la intemperie en el centro de la ciudad están “soportando muchas cosas”, su lucha “ya dura más de 30 años”, por lo que no abandonarán su protesta mientras no tengan un compromiso de las instituciones para el pago de las tierras.

“Ahora estamos intranquilos, pendientes de todo lo que pase. Necesitamos el pago para estar tranquilos y poder trabajar nuestra tierra. Estamos trabajando sólo para el consumo familiar, pero cuando se llegue a pagar podremos trabajar en más producción”, dijo López.

Los líderes de la comunidad se reunirán este mediodía con el presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Aldo Zaldívar, para tratar de desbloquear el pago de sus territorios.

“Si un pueblo no tiene tierra, no tiene futuro. Necesitamos la tierra para trabajar y sobrevivir, la tierra es lo principal para un pueblo indígena”, concluyó López.

Además de la sentencia que afecta a la comunidad Xákmok Kásek, Paraguay tiene pendientes otras dos órdenes de la CorteIDH.

Una obliga desde 2005 a permitir el acceso libre a sus tierras a la comunidad indígena Yakye Axa, del grupo étnico énxet, y la otra a restituir sus tierras a la comunidad Sawhoyamaxa, del mismo grupo, pendiente desde 2006.

En la región del Chaco hay presencia de hasta 17 de las 20 etnias indígenas que existen en Paraguay, divididas en cinco familias lingüísticas diferentes, y que representan un 1,7 % del total de la población.

Cerca del 75 % de los indígenas de Paraguay vive en situación de pobreza extrema, en su mayoría debido a que fueron desposeídos de sus tierras ancestrales durante la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.