El grupo de ayoreo todobiegosode que queda aislado en Paraguay es como la última aldea gala resistiendo el avance del Imperio romano.

Una cultura a punto de hacer desaparecer a la otra.

Pero en lugar de murallas, los nativos están rodeados de un inmenso bosque que les da protección y sustento desde hace miles de años.

Y no son tropas militares a las que tienen que resistir, sino al avance de las máquinas topadoras que van destruyendo los árboles del territorio en el que viven desde antes de la colonización española.

De ello están convencidos en Chaidí, principal asentamiento de los totobiegosode que han salido de su hábitat natural: el interior de los bosques vírgenes del Chaco paraguayo.

En ese monte de vegetación baja, de cactus y jaguares, de pronunciadas sequías e inundaciones, situado en el departamento de Alto Paraguay, más cerca de Bolivia que de Asunción, aún se esconden al menos un centenar de nativos totobiegosode que nunca han contactado con la sociedad envolvente.

Voluntariamente rehusan vivir con los “coñone”, que significa “los que no entienden el mundo” en idioma ayoreo, término dedicado a los extraños que no viven cuidando el bosque.

Sus hermanos contactados denuncian lo que ellos no están en condiciones de hacer: la desaparición de todo un ecosistema bajo las topadoras de las empresas ganaderas invasoras.

Al menos tres empresas terratenientes, Yaguareté Porá, de Brasil, Carlos Casado S.A., de capital español, y la paraguaya Itapotí poseen los títulos de propiedad de buena parte de las casi 2,8 millones de hectáreas que, según los antropólogos, alguna vez integraron el territorio de los distintos grupos ayoreo, que vivían entre el sur de Bolivia y la región chaqueña de Paraguay.

“Solo queremos proteger a nuestros hermanos y para eso necesitamos que el Estado compre y proteja nuestro territorio ancestral”, dijo a Efe Porai Picanerai, cacique de los totobiegosode de Chaidí.

Picanerai vivía en el bosque hasta que en 1986 otros ayoreo armados enviados por la Misión Nuevas Tribus, un grupo evangélico estadounidense con larga trayectoria en Paraguay, llegó a su aldea, recordó.

“Maté a dos personas para defender a mi familia”, relató. Aquel enfrentamiento tuvo como resultado la muerte de al menos cuatro indígenas y la salida del bosque de unos 40, según los datos de las ONG Iniciativa Amotocodie y Gente, Ambiente y Desarrollo (GAT).

Desde entonces, cada vez más totobiegosode han ido saliendo del bosque, bien en enfrentamientos violentos o bien cuando ya no tenían más lugar a donde ir.

Como es el caso de Ingoi Etacori de 40 años y Carateba Picanere, de 70, que salieron de la selva en 2004 al quedar solos al borde de una carretera abierta por dueños de estancias cercanas.

Etacori aún tiene las marcas en la cabeza del pelo trenzado que acostumbraba a llevar, como manda la cultura de su pueblo. Su padre y sus tres hermanos aún viven en el bosque, aseguró.

Solo quedan 120 pueblos aislados en todo el continente americano, la mayoría en la frontera de Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los totobiegosode que viven en Paraguay son el único caso fuera de la Cuenca Amazónica, según las ONG.

La aceleración de la industria ganadera en la última década en el Chaco paraguayo ha provocado una de las tasas de deforestación más altas del mundo, según la ONG ambientalista Guyra Paraguay.

“La ganadería, la búsqueda de petróleo y de maderas preciosas siguen siendo responsables de este etnocidio que sufren los totobiegosode”, dijo a Efe Benno Glauser, director de Iniciativa Amotocodie.

Según Glauser, la mayoría de los totobiegosode que abandonaron el bosque aún viven el trauma del contacto. “Les engañaron, los ancianos siguen en shock ante la sociedad envolvente, sin poder entender nuestro sinsentido”, expresó.

La Relatoría de la ONU para los Derechos Indígenas, así como las organizaciones Amnistía Internacional y Survival piden al Estado paraguayo que detenga las intervenciones ilegales en territorio ayoreo y recupere las tierras ancestrales que reclaman.

Los expertos de estas organizaciones alertan que cada vez se ven más restos de armas o de animales cazados, señales de los “silvícolas”, producto de la reducción del bosque.

Incluso hubo un avistamiento de un clan familiar hace solo dos meses en un territorio que no es el suyo habitual, según las ONG.

Huyen de las máquinas topadoras, de los tractores y de las zonas que van quedando sin animales silvestres, atrás van dejando una forma de vida milenaria que nunca perjudicó al medioambiente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.