Los trabajos de mensura judicial del terreno, de unas 25.000 hectáreas de extensión pertenecientes al territorio ayoreo, se iniciaron en junio y buscan establecer los límites que separan la comunidad Cuyabia de las tierras de las empresas colindantes, en su mayoría de capital alemán y brasileño.

Sin embargo, la mensura judicial fue suspendida debido a la falta de un juez en la ciudad de Filadelfia, jurisdicción que rige sobre Cuyabia, según las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

El líder de los nativos de Cuyabia, Unine Cutamorajna, expresó su descontento ante la suspensión de la mensura, y señaló que, mientras se retrasa el proceso, las máquinas topadoras de las empresas de los alrededores siguen arrasando con sus bosques.

De hecho, se estima que de las 25.000 hectáreas del territorio ayoreo de Cuyabia, un total de 6.000 fueron ya deforestadas, pese a que sobre el terreno pesa una medida cautelar que prohíbe innovar.

Cutamorajna denunció además que los propietarios de las empresas colindantes han contratado a guardias de seguridad para amedrentar a los indígenas, que llegaron a realizar disparos intimidatorios contra varios jóvenes de la comunidad.

Las deforestaciones “violentan los recursos vitales, culturales y espirituales y los derechos” de las más de 20 familias que componen la comunidad, según Iniciativa Amotocodie.

La organización recordó además que el territorio de Cuyabia es utilizado por grupos ayoreo en situación de aislamiento voluntario, que en los últimos años dejaron señales de su presencia a través de huellas y huecos en los árboles, la última de ellas registrada en Cuyabia en 2013.

La invasión de su territorio y la destrucción de sus espacios verdes pone en riesgo la supervivencia de estos grupos aislados, que constituyen el último pueblo indígena no contactado de América fuera de la Amazonía.

Las 25.000 hectáreas de Cuyabia fueron vendidas ilegalmente en 2012 por el expresidente del INDI, Rubén Quesnel, que fue condenado a seis años y medio de cárcel.

El territorio ayoreo es uno de los últimos remanentes de bosques vírgenes en el lado paraguayo del Chaco, un ecosistema único en América, compartido entre Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, amenazado en la última década por el rápido avance de la deforestación.

La población indígena paraguaya asciende a unas 120.000 personas, aproximadamente el 2 % del total, y el 76 % de ellos se encuentra en situación de pobreza extrema, según datos del INDI.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.