​Los sawhoyamaxa, que pertenecen al pueblo enxet, aún esperan que el Estado cumpla la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2006 por violar sus derechos a la vida y a la integridad personal y territorial, entre otros.

Aunque el Congreso paraguayo y el presidente, Horacio Cartes, aprobaron este año una ley que manda expropiar las tierras a la empresa ganadera, la firma presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema que dilata el cumplimiento del fallo.

Esta comunidad indígena, proveniente del Chaco Boreal, en la región occidental del país y formada por unas 500 personas, fue expulsada de forma violenta de su territorio ancestral hace unos 23 años por el ganadero alemán Heribert Roedel, dueño del Grupo Liebig.

Durante dos décadas se vieron obligados a emigrar de su territorio e instalarse en el margen de una carretera, donde nunca tuvieron asistencia del Estado, como sentenció la CorteIDH.

Los sawhoyamaxa y organizaciones civiles pidieron a la Corte Suprema paraguaya que rechace el pedido de inconstitucionalidad presentado por el terrateniente, al cual aseguran que no han podido tener acceso para conocer los fundamentos y poder defenderse, dijo a Efe Eriberto Ayala, uno de los líderes del grupo.

“Entendemos que es una estrategia de ellos para ganar tiempo y crédito, además están divulgando informaciones falsas en la prensa local porque quieren obstaculizar el proceso”, expresó Ayala durante una visita a Asunción.

“El futuro de los miembros de sawhoyamaxa está en juego. No les quedan recursos y ahora quieren desprestigiarnos. La misma empresa ganadera que durante años hemos estado filmando y fotografiando cómo desforestaba nuestro territorio ancestral va diciendo que nosotros talamos árboles”, espetó el líder comunitario.

Ayala declaró que eso es una “ofensa bastante grande” para todo su pueblo, que vive y se alimenta de los animales del monte.

“No tenemos la capacidad ni la intención de desforestar. Nuestro objetivo es proteger el monte, que nos da la vida y es nuestra identidad cultural”, añadió.

Paraguay acumula tres sentencias de la CorteIDH por violar los derechos de los indígenas, que aún no ha cumplido plenamente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.