Según el representante legal de las firmas, el abogado Modesto Guggiari, la situación fue muy mal administrada por el Estado. “Nunca hemos reaccionado, pero es insostenible la presión que ejercen algunas organizaciones para que cumpla y ejecute la ley de expropiación. En este momento, utilizan la violencia como medio de presión y los indígenas son inducidos permanentemente a violentar y cometer delitos dentro de la propiedad -que sigue perteneciendo a la empresa-. Incluso, en una reciente intervención, le amenazaron y echaron a la fiscalía del medioambiente que fue a realizar un procedimiento”, explicó Guggiari. Lamentó que la discusión vaya subiendo de tono cada vez más ante la inacción de las autoridades judiciales.

La empresa responsabiliza a la fiscalia de Pozo Colorado y los abogados de la organización Tierra Viva, de incitar a los indígenas Sawhoyamaxa; una comunidad compuesta por unas 150 familias que viven actualmente a la vera de la ruta Transchaco, colindante con la propiedad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 2006 a favor de la devolución de las tierras a los indígenas, quienes afirman que éstas pertenecieron a sus ancestros.

El litigio se origina en que, según los representantes, la ley de expropiación promulgada el año pasado, no quedó perfeccionada, porque no se respetaron los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional.

El Art. 109° de nuestra Carta Magna señala que “la propiedad privada es inviolable”. También que “nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley, que garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria”.

Al respecto, el abogado Guggiari señaló que en este caso no se trata de un latifundio improductivo; al contrario, son tierras en las que las empresas venían produciendo desde hace tres décadas. Vale decir, se necesita el previo pago para finiquitar efectivamente la expropiación.

Cuestionó demás el Art. 3° de la Ley de Expropiación 5.194 que, por un lado, establece la indemnización al propietario de los inmuebles, “de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Constitución Nacional”, pero después agrega que será en base a un avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas. “Ese artículo es inconstitucional, porque el precio debe ser establecido de común acuerdo o bien, por sentencia judicial y no por el MOPC”, aseveró.

Añadió que, por ese motivo, accionaron ante la Corte Suprema de Justicia contra la citada ley y que esperan el fallo correspondiente.

La versión del INDI

El presidente del Instituto Nacional del Indígena, Jorge Servín, explicó que este es un caso antiguo, que tiene más de 20 años de reinvindicación y se ha llegado a una instancia de expropiación. “La empresa planteó una inconstitucionalidad que fue rechazada por la Corte y ahora plantearon una segunda en diciembre”, explicó en comunicación con la 650 AM.

Servín afirmó que hay un dinero depositado en el BNF y que fue rechazado por la empresa, que pide una aclaratoria a la Corte. “Las 14.404 hectáreas ya están expropiadas y el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo se pronunciaron. La empresa debería aceptar la expropiación”, sentenció el titular del INDI.

Insinuó que la empresa pretende cobrar al Estado “un monto descabellado” y dijo no comprender por qué se aferran a las tierras que “ya no les pertenece”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.