El Senado estudiará el proyecto de ley durante una sesión extraordinaria este miércoles 24 de noviembre, a las 9 horas.

En la versión original el Ministerio de Hacienda contempla para el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) un plan de gastos de Gs 67.310.284.412, de los cuales solamente Gs. 13.317.471.354 están previstos para restitución de tierras (apenas unas 216 hectáreas).

Luego de escuchar una propuesta de la ANIVID sobre urgencias de varias comunidades, la Comisión Bicameral y la Cámara de Diputados dictaminaron un aumento de solo Gs.10 mil millones más al INDI para restitución de tierras, con lo que el presupuesto del ente iría a Gs. 77.310.284.412 y el de restitución de tierras a Gs. 23.317.471.354.

Haciendo valer su derecho a la participación en el diseño de políticas públicas, en el mes de octubre la ANIVID presentó a los tres poderes de Estado una propuesta de solución a diversas problemáticas.

Entre las principales resalta la restitución de cerca de 43 mil hectáreas a comunidades indígenas que forman parte de la ANIVID, para lo cual propone una inversión estatal de cerca de 86 millones de dólares, distribuidos a lo largo de 10 años.

En Paraguay viven 122 mil personas indígenas pertenecientes a 19 pueblos, que se distribuyen geográficamente en más de 600 comunidades en las regiones Chaco y Oriental.

Los Pueblos Indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66,2% viviendo en la pobreza y 34,4% en la extrema pobreza, a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores.

En el centro de las problemáticas se encuentra la restitución y aseguramiento de sus tierras ancestrales por parte del Estado paraguayo. Se calcula que un 37% de las tierras indígenas en Paraguay está en manos de terceros.

Hace una semana nuevos conflictos de tierra reflejan cómo la falta de soluciones estatales oportunas propicia un recrudecimiento de la violencia y vulneración de derechos de las personas indígenas, empeorando aún más la situación precaria en que viven las comunidades.

A pesar de que el Presupuesto General de la Nación puede ser una herramienta estratégica para revertir esta realidad cada año, los recursos que se destinan al INDI no logran impactar decisivamente y más bien reproducen la situación actual de las cosas.

La problemática indígena y la situación de los derechos de las personas indígenas demandan de Paraguay una inversión mucho mayor, que contemple acciones urgentes y a mediano y largo plazo.

De no darse un cambio drástico en la gestión y dotación de recursos en torno a las políticas para los Pueblos Indígenas, Paraguay no alcanzará a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 con que se comprometieron los países, especialmente los ODS 1 (Fin de la pobreza) y 2 (Hambre cero).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.