A través de las redes sociales se viralizaron algunos videos en los que aparecen animales que habían sido sometidos a situaciones de maltrato.

Uno de ellos tiene como protagonista a un gato que estuvo a punto de ser ahogado en un balde de agua por un joven que fue identificado como Oliver Jiménez. El hecho se registró en una cancha de fútbol del barrio Reducto de San Lorenzo.

En las imágenes se puede observar la desesperación del animal, de nombre “Rubio, que tras ser forzado a entrar en el balde lanza algunos aullidos e intenta zafarse a toda costa.

Otro caso es el de un perro que fue hallado en deplorables condiciones durante un procedimiento realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en el barrio Tacumbú de Asunción. El can estaba atado a una viga del techo, en un pasillo muy estrecho y con una cuerda muy corta que le impedía movilizarse.

Asimismo, cabe mencionar que la vivienda en la que fue encontrado el perro era un foco de venta de drogas al menudeo, encontrándose en poder de los propietarios varias dosis de cocaína y marihuana.

El tercer caso también involucra a un perro que se encontraba en la vía pública y que fue lastimado por un transeúnte que iba caminando en compañía de quien sería su hija.

Según denunció la cuenta de Twitter @PakoRescatePy, el episodio se registró en el barrio Jara de Asunción. En el video compartido se puede observar el momento en el que el sujeto agarra una piedra del suelo y la arroja contra la cabeza del animal, dejándolo notablemente aturdido.

QUÉ ESTABLECE LA LEY ANTE CASOS DE MALTRATO ANIMAL

La Ley Nº 4840/13 “De Protección y Bienestar Animal” contempla sanciones para las personas que incurran en un hecho de maltrato animal, de acuerdo al tipo de infracciones que se cometan que pueden ser leves, graves y muy graves.

Teresita Dejesús Álvarez Ramírez, titular de la Dirección Nacional de Defensa Animal, confirmó a HOY que las denuncias de este tipo se reciben tanto a través de la página web bienestaranimal.gov.py como a través de las redes sociales, pudiendo actuar de oficio si toman conocimiento de un caso puntual.

La misma explicó que el maltrato puede ser físico, psíquico o incluso en el ambiente en el que vive el animal si es un lugar inadecuado.

Para los casos de faltas leves, se contempla efectuar recomendaciones para la persona denunciada y una posterior reverificación, a fin de constatar si fueron cumplidas. De no ser así, se pasa a un sumario administrativo, previéndose multas de hasta 100 jornales.

Para los casos de faltas graves (por ejemplo, si el animal está sin alimentación adecuada, vive en un lugar insalubre o no tiene los cuidados innecesarios), las multas pueden ir de 101 hasta 500 jornales.

Para los casos de faltas muy graves (maltratos físicos, zoofilia, utilización de animales paa peleas, abandono), se establece la apertura de un sumario administrativo y las multas pueden ir de 501 a 1.000 jornales para la persona involucrada.

Según la ley, la filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento es considerada una falta grave, aunque si se comprueba que las mismas fueran reales, constituirá una falta muy grave.

Álvarez también mencionó que la normativa actual establece que, para los casos muy graves, se puede considerar como un hecho de acción penal pública, teniendo que remitirse el expediente al Ministerio Público. Ello implica que la persona denunciada puede ser sujeta una eventual imputación por maltrato animal, con una expectiva de pena privativa de hasta 2 años o multa.

La directora de Defensa Animal confirmó que ya se encuentran al tanto de los tres casos difundidos en esta publicación y se están tomando las medidas correspondientes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.