El Informe de Gestión Presidencial 2022 menciona en uno de sus puntos el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza “Jajapo Paraguay” que plantea la llegada integral, ordenada y priorizada de las intervenciones sociales, para transformar la realidad socioeconómica local y alcanzar el objetivo superior de “reducir la pobreza en Paraguay en todas sus formas”.

La realidad que se vive hoy día es muy diferente a la que se menciona en los papeles, puesto que los mismos datos oficiales confirman que cada vez existen más personas en situación de pobreza y vulnerabilidad en nuestro país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) obtenidos mediante la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2021, la incidencia de la pobreza en la población paraguaya es de 26,9% del total de habitantes (7.254.456), lo que representa a alrededor de 1.951.000 personas con ingresos per cápita inferiores al costo de la canasta básica. Este es el mismo porcentaje que el año 2020 y tiene una diferencia de poco más de 3% comparando con el 2019.

En lo que se refiere a pobreza extrema, el porcentaje es del 3,9% en el 2021, situándose también en el mismo nivel que en el 2020 y con apenas 0,1% de diferencia del 2019. Esto representa 283.000 personas aproximadamente, cuyos ingresos per cápita son inferiores a la Canasta Básica de Alimentos.

En los valores absolutos, se puede notar que la cantidad de pobres aumentó entre el 2020 y el 2021. Los datos del INE revelan que la cantidad de personas en pobreza total fue de 1.951.020 el año pasado, más de 29.000 en relación al 2020 y casi 294.000 en comparación al 2019.

Haciendo el desglose de la población mayor de 60 años, el informe señala que en el 2020 hubo en total 711.390, más de 39.000 en relación al 2019. En el área urbana, la cantidad de personas en situación de pobreza fue de 438.434 en el 2020, con una diferencia adicional de 27.460 en relación al año anterior. Por otra parte, en el área rural se tuvieron 272.956 personas en esta condición, siendo más de 12.000 personas que se sumaron en relación al 2019.

Revisando los datos de pobreza extrema, los mismos indican que en el 2021 se llegó a un total de 283.523 personas, casi 4.000 más si se toman los datos recogidos en el 2020.

En cuanto a la severidad de la pobreza total, los datos revelan que el porcentaje se redujo en apenas 0,3% en el 2021, aunque se igualó el registro del año 2019 cuando también se había alcanzado el 3,5%. En el área rural, la estadística no sufrió variación alguna entre el 2020 y el 2021, manteniéndose aún en el 5%.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.