Alcira Sosa, viceministra de Educación, en entrevista con el programa Fuego Cruzado de GEN/Nación Media mencionó que existen alrededor de 12.000 aulas que necesitan refacción, mientras que aproximadamente 200 instituciones poseen salones donde hay algún tipo de derrumbe por el deterioro de la estructura.

Al respecto, admitió que la deuda histórica que posee el Gobierno es la inversión en infraestructura escolar, a pesar de que en el último quinquenio más de 1.683 escuelas fueron intervenidas con mejoras y se logró una inversión de más de USD 100 millones de dólares, sin mencionar las intervenciones con recursos del FONACIDE por parte de municipios y gobernaciones.

La ampliación de infraestructura escolar es un punto que también sigue pendiente, indicó Sosa, ya que actualmente se alcanza el 80% cubriendo el preescolar, pero aún hay un 20% para el cual se necesita infraestructura y también para los que serían las ofertas del Tercer Ciclo y la Educación Media.

Para la refacción y puesta a punto de las aulas se requiere de una inversión de USD 410 millones, aunque para poder construir todas las aulas nuevas y los espacios que se requieren (comedores, laboratorios, talleres, espacios deportivos), implicaría una inversión de aproximadamente USD 1.000 millones.

Ante la mala utilización de los recursos de FONACIDE por parte de los municipios y gobernaciones, señaló que sigue en discusión el volver a reponer esos recursos al MEC, aunque también es importante promover la descentralización. En ese aspecto, habló de la importancia de impulsar sistemas de control para otorgar mayor transparencia en la gestión de los recursos.

La viceministra manifestó que cuando las instituciones educativas solicitan los requerimientos de mejora de infraestructura, ya sea por refacción o para obras nuevas, eso se analiza a nivel local, se trabaja con los supervisores de cada zona educativa, luego con los representantes del municipio local y con la Secretaría de Educación y los intendentes o gobernadores.

Sobre el punto, enfatizó que alrededor del 45% de las instituciones educativas necesita algún tipo de refacción. Para definir cuáles serán intervenidas primero, se hace una lista de priorización de acuerdo a las necesidades y luego se sigue el proceso que citó anteriormente con las municipalidades y gobernaciones.

Un escenario que planteaba el Plan de Transformación Educativa -refirió- era una fase preparatoria para tratar de poner en condiciones las escuelas y colegios que están en funcionamiento para no tener riesgos de derrumbes y, después, la expansión del requerimiento, tanto de construcción de nuevas aulas, comedores, laboratorios, talleres, etc. en aquellos puntos donde se tenga una mayor oferta educativa.

Las cuatro dimensiones prioritarias de intervención incluyen a la comunidad educativa, la mejora de las condiciones de las instituciones educativas, el desarrollo profesional de los educadores y el sistema de evaluación y gestión, comentó.

“Las intervenciones tienen que darse integralmente en las cuatro dimensiones para que los resultados se puedan dar de aquí a un quinquenio o una década”, agregó la viceministra de Educación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.