Al parecer, el diseñador del superviaducto y supuesto asesor del empresario Aldo Zuccolillo, Ricardo Hermann Pankow, quien presentó el viernes 26 una denuncia ante el Ministerio Público contra el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, está acostumbrado a pasear por los pasillos de tribunales, ya que desde hace varios años acarrea varias denuncias por supuesta violencia familiar. Los hechos se dieron en Paraguay y en el exterior, contra distintas mujeres, además, Pankow tiene otros procesos judiciales pendientes.

A esto se suma el perfil académico del ingeniero, que deja en evidencia su bajo nivel de preparación, considerando que finalizó una carrera universitaria de 6 años en 10, y el resultado de una evaluación psicológica que le realizó la Fiscalía, que señala que Pankow se ubica en tiempo y espacio en el área cognitiva; en cambio, en el área psicoafectiva “denota sentimientos de superioridad, afectividad, egocentrismo, irritabilidad y sugestionabilidad, así como débil control de sus impulsos, por lo que puede volverse violento en situaciones de estrés”.

VIOLENCIA FAMILIAR

El ingeniero Pankow, que pretende dar cátedras de moral a pesar de sus “negros” antecedentes, fue denunciado en tres ocasiones entre el 2003 y el 2014 por supuesta violencia doméstica contra tres de sus ex parejas, según el sistema online de Tribunales Civiles, Familiares y Testamentario del condado de Miami, Estados Unidos.

Estos hechos aparentemente no fueron los únicos, ya que su ex mujer y madre de su hijo, con quien mantuvo una relación de dos años, también lo acusó por lo mismo en la comisaría 10 Metropolitana de nuestro país. El acta de denuncia sostiene que en diciembre del 2012, la mujer fue a recoger al niño de la casa de su padre, pero él se negó a entregárselo y a la par de amenazarla, la chantajeó con no dejarlo ver nunca más si ella no accedía a firmar un documento ante una escribanía. Ante el temor y la impotencia de aquella escena, la víctima accedió obligada a firmar los papeles.

Dos años después de este episodio, en diciembre del 2014, volvió a golpear a la mujer y a una empleada del servicio, supuestamente porque había llegado hasta su domicilio con intenciones de recoger a su hijo, ya que Pankow estaba violando el tiempo de convivencia que habían acordado. A raíz de ello, habría sido golpeada y arrojada al suelo, al igual que la empleada testigo de lo sucedido.

Otros procesos pendientes de Pankow son por desacato a la orden judicial, amenaza, coacción, incumplimiento del deber alimentario, entre otros.

DENUNCIA

Pankow denunció al ministro del MOPC y a otros cinco funcionarios del ente debido a supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción de la obra del superviaducto, basándose en la presunta violación de la Ley 2051 de contrataciones públicas. El ingeniero cuestiona que el ministerio haya llamado a licitación internacional, a pesar de que la construcción era financiada con fondos nacionales y no necesariamente requería de tecnología especial, según refiere la denuncia.

Fuente: La Nación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.