Iván Ojeda, director del INE, indicó al canal Gen que este año se prevé el 8vo. Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 y el 4to. Censo Indígena, dando seguimiento así al histórico trabajo que inició en el 1950, cuando se hizo el primer censo de las viviendas. Refirió que los trabajos iniciarán en una etapa previa que irá hasta junio o julio, y consistirá en la labor que harán los pre-censistas, unos actualizadores cartográficos que recorrerán los hogares en los siguientes meses. Esta etapa consistirá en la actualización de las manzanas a través del punteo y geolocalización de las viviendas, edificios y puntos de referencia (comercios, plazas, centros educativos, puestos de salud, y otros), a fin de tener actualizada y delimitada la zona que será visitada posteriormente por los censistas, al momento de la entrevista para el llenado del cuestionario del gran operativo en el día D. De esta manera, antes del día del Censo, será actualizada la cartografía de los 263 distritos que conforman los 17 departamentos y la capital del país. Este procesamiento de segmentación permitirá ir dividendo el mapa en cinco viviendas, para que en agosto o septiembre el censista sepa cuáles deberá visitar, y así se preverá la cantidad de censistas y los kits respectivos. El censo en sí se hará un miércoles del mes de agosto o septiembre y será feriado, pero se impedirá la movilidad de las personas. Se pretende completar el trabajo en un día en la zona urbana y dos semanas en las zonas rurales. Ojeda resaltó que tratarán de concienciar a la ciudadanía que se muestre reacia a permitir el ingreso de los censistas a sus viviendas, y remarcó que el censo es un derecho porque se formulan políticas públicas. Si bien argumentó que la ley exige dar la información, aclaró que no está de acuerdo con aplicar el “garrote” a aquellos que no cumplan con su obligación. “El desafío es enorme, es una causa nacional, necesitamos de los olimpistas, cerristas, etc., es la mayor movilización que puede hacer un país en tiempos de paz. Los paraguayos nos merecemos la calidad de un buen censo. ¿Qué nos dejó la pandemia, hay más niños, más fallecidos, más migración? Eso podremos responder con el censo. Toda la información que nos den es confidencial, está dentro del secreto estadístico, no vamos a identificar a las personas que nos den los datos. Además todos los datos podrán visualizarse en una plataforma web donde las personas podrán tener la caracterización de las zonas, pero sin identificar a los ocupantes de los sitios”, explicó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.