Villalba fue sometido a juicio acusado de un delito de coacción ocurrido en 2008 durante una protesta campesina, anterior a la matanza que provocó la destitución de Lugo en un juicio parlamentario y que ha servido para mantenerlo en la prisión, mientras que el resto de imputados están en arresto domiciliario.

La causa se refiere a la supuesta participación de Villalba en la retención de un vehículo de la Fiscalía que investigaba la denuncia de los propietarios de una finca dedicada al monocultivo de soja en colonia Pindó, donde los campesinos protestaban aduciendo que los dueños estaban fumigando sin las mínimas medidas de seguridad.

Al iniciar el juicio, la Fiscalía solicitó la introducción de un nuevo testimonio como “nueva prueba” que confirmaría la presencia de Villalba en el lugar de los hechos, relataron sus abogados en un comunicado.

La defensa se opuso a la inclusión de esta prueba porque “no obraba en el expediente”, lo cual es “improcedente en términos procesales” y además “deja a Villalba en total indefensión”, según afirmaron.

Los abogados pidieron la extinción de la causa, debido a que consideran que “se han sobrepasado ya ampliamente todos los plazos para un juzgamiento razonable”.

El Tribunal resolvió aceptar la inclusión del nuevo testimonio y rechazó el pedido de extinción del proceso penal, informó la defensa.

La causa por la que se juzga desde hoy a Villalba, conocida como “caso Pindó”, se reabrió el pasado abril, cuando el acusado, que se encontraba en prisión preventiva por su presunta participación en la masacre de Curuguaty, iba a ser beneficiado con una medida de arresto domiciliario.

Las autoridades revocaron la medida al encontrar que Villalba estaba implicado en el “caso Pindó”, y solicitaron su reingreso en la prisión asuncena de Tacumbú, donde el campesino había pasado 58 días en huelga de hambre para solicitar su libertad.

Desde entonces, Villalba se mantiene en prisión preventiva por esta causa, aunque sus abogados afirman que el plazo máximo de vigencia de esta medida para el delito que se le imputa por el “caso Pindó” es de seis meses.

En total, y tras su arresto en septiembre de 2012 por la masacre de Curuguaty, Villalba acumula 28 meses en prisión preventiva, según su defensa.

La matanza de Curuguaty de once campesinos y seis policías ocurrió en un enfrentamiento durante un desalojo irregular a campesinos que habían ocupado una finca que querían que formara parte de la reforma agraria.

Los sucesos llevaron a la destitución una semana después por parte del Congreso del exobispo Lugo, tras un controvertido juicio político, y al nombramiento como presidente de Federico Franco, del Partido Liberal.

Los trece campesinos imputados por los sucesos enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los once labriegos.

El juicio contra los acusados, de los que Villalba es el único que permanece en prisión, está fijado para el próximo junio, después de que fuera pospuesto por la Justicia en varias ocasiones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.