Encina explicó que hay dos empresas que deben completar 5 fases y una de ellas ya cumplió con la tercera etapa y que en caso de superar la prueba de laboratorio a realizarse el próximo 17 de julio, ya se procedería a la última fase, ya en la vía pública, lo cual se daría en la primera semana de agosto.

“Estamos trabajando desde hace varios años en pos de la implementación del sistema de billetaje electrónico. Nos encontramos culminando el proceso de homologación. Hay dos empresas que se encuentran dentro de este proceso, cumpliendo con todos los requisitos tecnológicos y comerciales”, refirió Encina en contacto con Radio Nacional.

Dijo que en primer término está la empresa PDP S.A. que ya cumplió con las 3 primeras fases, de las 5 existentes y el 17 de julio se someterá a las pruebas de laboratorio, con un consultor colombiano que nos está asesorando; si es que pasa esa prueba, ya entraríamos a la última fase, aquella que se hace en la vía pública y podría realizarse en la primera semana del mes de agosto.

“También tenemos a la empresa EPA S.A., superó la fase 1, es decir la parte legal y nos comunicaron que hoy estarían presentando la fase 2. De ser así, creemos que también rápidamente podrá culminar”, añadió.

Destacó que una vez que esté homologada la primera empresa, procederemos a comunicar a todas las empresas de transporte del país, que tienen 60 días para integrarse a este sistema, bajo pena de cancelación de sus permisos de explotación. “Trataremos de homologar lo antes posible y que esto se inicie como lo prometimos. Desde el momento en que una de estas dos empresas sea homologada ya el servicio de iniciará parcialmente en el país”, afirmó.

El viceministro expresó que el pasajero dejará de interactuar con el conductor; éste por primera vez cumplirá con el único rol que le debería corresponder, manejar las unidades de transporte público.

Indicó que se eliminará el dinero en efectivo; existirán grandes planes de ahorro para quienes compren de manera adelantada el saldo correspondiente para la tarjeta de boleto electrónico.

Agregó que se con el billetaje electrónico se dará la formalización del sistema de transporte público; se podrá saber la recaudación efectiva de cada una de las empresas; en base a eso se podrá cobrar el impuesto al valor agregado, que realmente corresponde a cada una de las empresas; es decir, habrá un sistema tributario mucho más transparente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.