En su exposición de motivos, la parlamentaria sostiene que, según publicaciones oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el excesivo consumo de sal en la alimentación diaria refleja un fuerte impacto en la salud, como el aumento de la presión arterial y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

“Paraguay es el país de la región con mayor prevalencia de hipertensión arterial, cercana al 46%; a esto se suma que la ingesta de sal en nuestra población es casi el triple de lo recomendado por la OMS, que sugiere un consumo no mayor a 5 gramos diario por persona, equivalente de una cucharadita rasa de sal común”, destaca el proyecto.

Los expertos en la materia consideran que lo recomendable no es eliminar la sal de la preparación de las comidas, sino disminuir su uso de forma gradual, para que el paladar se vaya acostumbrando a los gustos menos salados y, de esta manera, lograr un cambio hasta llegar a tener un hábito de alimentación más saludable.

“En nuestro país, en la generalidad de los casos, las personas agregan mucha sal al preparar los alimentos y, al momento de consumirlos, utilizan, nuevamente, el salero en la mesa luego de que la comida este servida”, ejemplifica el proyecto.

En esencia, el proyecto dispone que todos los alimentos y bebidas envasados, que se fabriquen y comercialicen en todo el territorio de la Republica, que contengan sodio entre sus ingredientes, deberán contener en sus etiquetas, la siguiente leyenda: “Modere el consumo de sodio. La dosis diaria recomendada es de hasta 2.400 mg que equivale a 6 gramos de sal o 1 cucharadita”.

Establece, igualmente, que la leyenda que hace alusión el artículo anterior, deberá presentarse en un lugar fácilmente visible de la etiqueta y con legras de tamaño de realce natural.

Dispone, por otro lado, que todos los restaurantes, bares y confiterías del país, deberán retirar los saleros de mesas y llevarlo, únicamente, cuando el comensal lo solicite.

Por último, establece sanciones para los infractores, consistentes en multas que, convenientemente, fijara la autoridad de aplicación de la presente iniciativa, mientras que lo recaudado será destinado al equipamiento de hospitales públicos y a campañas de concienciación del uso moderado de sodio.

La iniciativa será tratada en las comisiones de Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; y en la de Salud Pública.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.