El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; el de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia; el canciller Euclides Acevedo; el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Óscar Chamorro; el comandante de la Policía, Luis Arias, la titular de Senad, Zully Rolón y el secretario de Inteligencia, Esteban Aquino son los convocados a la reunión reservada.

Los recibirán el presidente de Diputados, Pedro Alliana y representantes de diversas bancadas, quienes exigirán informes sobre lo acontecido en el norte con el último secuestro del joven Jorge Ríos, asesinado por el grupo criminal ACA-EP, considerado extinto por la propia FTC.

“El país necesita respuestas inmediatas, llegó la hora de exigirles más”, expresó el diputado Pedro Alliana en relación a la Fuerza de Tarea Conjunta.

No descartó la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para obtener ayuda en el combate a las bandas armadas que hoy mantienen secuestradas a tres personas: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente Óscar Denis.

El uniformado cumplió ayer siete años en cautiverio y la última prueba de vida enviada por los criminales data de octubre del 2014, a través de un video en el que el suboficial aparecía con el adolescente Arlan Fick, liberado el 25 de diciembre de ese año.

Urbieta fue llevado el 12 de octubre del 2015, fecha desde la cual se conoció una fotografía en la que se lo veía con la barba crecida. Del exvicepresidente Denis no se tuvo una sola prueba desde que lo secuestraron el 9 de septiembre del 2020. El único dato lo dio el peón Adelio Mendoza, inicialmente capturado con su patrón y liberado una semana después. En la ocasión, el joven confirmó que se encontraba junto al señor Denis.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.