El sumario realizado por el Ministerio de Salud Pública a los funcionarios involucrados en el proceso de compra de insumos del clan Ferreira que no sirvieron para nada, además de perder el tiempo y pagar un adelanto 17.000 millones que llevó meses de recuperación, ya cuenta con resolución.

La sanción más alta recomendada por el juez instructor, abogado Carlos Meza, es para el director de la Unidad Operativa de Contrataciones Pablo Lezcano, con una suspensión de 30 días sin goce de sueldo.

En tanto, solo 20 días sin goce de sueldo se dispuso para los funcionarios que integraban el comité de evaluación: Mirta Morán, Gustavo Cuevas, Pedro Santander, Diego Sosa, Augusto Portillo y Larizza Ginés.

Alcides Velázquez, exdirector administrativo, quien renunció ni bien salió a la luz el escándalo y Gustavo Irala, director de asesoría jurídica de la cartera sanitaria, ni siquiera fueron incluidos en el sumario.

La diputada Kattya González criticó duramente la irrisoria sanción ante la gravedad del caso y sostuvo que el mensaje de la resolución es que en este país es muy fácil robar y con solo 30 días de suspensión se puede blanquear una estafa.

“Realmente nos encerraron para robarnos, no para cuidarnos”, dijo González en conversación con la 1080 AM y calificó de miserables al presidente Mario Abdo Benítez y al ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La ley de emergencia nacional promulgada en abril pasado autorizó un préstamos sin precedentes de 1.600 millones de dólares, de los cuales, 513 millones se destinaron a Salud Pública, para equipar hospitales, adquirir insumos y prepararse para el avance de la pandemia.

Con la aparición de los dos primeros casos importados del Ecuador y de la Argentina se decretó el aislamiento general preventivo más prematuro y extenso de todo el mundo.

Al cumplirse el primer mes del confinamiento, la cartera sanitaria hizo la primera adjudicación para compra de insumos de emergencia por 13,5 millones de dólares e una sola contratación a empresas de dudosos antecedentes.

Si bien la Ley 6.524 promulgada el 1 de abril pasado le otorgaba esta prerrogativa, lo correcto hubiera sido que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, en todo momento lleve adelante procesos de compras justos, con condiciones claras e igualitarias a fin de dar oportunidad a todas aquellas empresas que estén en posibilidad de competir de forma ética y transparente.

El ministerio de Salud, a cargo del Dr. Julio Mazzoleni, no efectuó ningún llamado ni convocó a todas las empresas que podían ofertar los productos requeridos, sino que benefició directamente a dos empresas vinculadas entre sí.

La falta de transparencia quedó evidenciada ya que en ninguno de los documentos que obran en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), se hace referencia a que se haya invitado a las empresas que usualmente suelen proveer al estado en el rubro de la salud.

Otro punto sumamente irregular fue que, en el portal de Contrataciones Públicas se ha publicado que “no se otorgará anticipo”; sin embargo, al observar las Condiciones Especiales del Contrato, se constató que en una de las cláusulas se estableció la entrega de un anticipo equivalente al 20% del valor adjudicado, unos 17 mil millones de guaraníes.

Lo aquí señalado no sólo es contradictorio, sino que, además, conforme al Artículo 166 de la Ley Nº 6469 del PGN-2020, “La Convocante deberá justificar, antes de la publicación del llamado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los motivos de la aplicación de dicho anticipo.”, cuestión que no se observó en ninguno de los documentos publicados. De más está decir que, si es que inicialmente se establecía la entrega de un anticipo financiero, se podría haber obtenido una mayor concurrencia, pero claramente ese no era el objetivo perseguido.

Las empresas beneficiadas por el ministerio de Salud fueron: Insumos Médicos SA (Imedic) cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, por un monto total de G. 47.952.500.000 y Eurotec SA, cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, favorecida con un contrato de G. 37.268.000.000. La compra directa vía excepción benefició así a empresas pertenecientes a un mismo clan familiar.

En la Constitución de Sociedad y Actas de Asamblea de las únicas empresas adjudicadas, se pudo verificar que las mismas pertenecen a los hijos del empresario Justo Ferreira.

Las empresas del clan Ferreira beneficiadas con los contratos se comprometieron a proveer al Ministerio de Salud 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos, 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.

Si bien el proceso de compra se realizó por vía de la excepción, fundado en urgencia impostergable, igualmente hay que recordar que el Artículo 4 de la Ley 2051/03, obliga a las convocantes a proveer “…toda la información relacionada con la actividad de contratación pública, específicamente sobre los programas anuales de contratación, sobre los trámites y requisitos que deban satisfacerse las convocatorias (…)”. En casos como este -de urgencia impostergable- en que los llamados no son publicados en el SICP, es donde el principio de la publicidad y transparencia, debería ser aún más celosamente precautelado.

Se trataba de la primera gran compra de insumos médicos que el país aguardaba para fortalecer el sistema sanitario, equipar a los médicos para poder enfrentar la pandemia de Covid-19. El mensaje de las autoridades para justificar la decisión de someter a la población a una dura cuarentena era que se necesitaba fortalecer el sistema sanitario para hacer frente a la pandemia.

Las empresas del clan Ferreira fueron beneficiadas con centenares de adjudicaciones en los últimos años convirtiéndose así en los mayores proveedores de insumos médicos y medicamentos para los hospitales públicos en Paraguay.

Ambas empresas, Eurotec S.A. e Insumos Médicos S.A.poseen dudosos antecedentes ya que aparecen salpicadas en el esquema de estafa y lesión de confianza que involucró a altos gerentes de laboratorios privados acusados por la fiscalía de haber causado millonarios perjuicios a las empresas para las que trabajaban.

El nombre de Justo Ferreira se vincula al de Roque Dagogliano y Carlos Borrell en el 2019, luego de que ambos fueran denunciados por las empresas que las que trabajaban, las farmacéuticas Scavone Hnos y Éticos, respectivamente.

El modus operandi que la Fiscalía detectó era que ambas personas vendían medicamentos costosos a precios muy inferiores a varias firmas ligadas a ellos, para que las mismas se presenten a licitaciones públicas y sean adjudicadas por ofertar un precio inferior en comparación al ofrecido por el fabricante del medicamento.

Según los datos de la investigación fiscal las mismas empresas que fueron beneficiadas por el Ministerio de Salud con contratos que rondan los US$ 14 millones están vinculadas a un esquema de asociación criminal y ligadas a un mismo empresario, Justo Ferreira.

El caso de los insumos chinos quedó al descubierto gracias a la investigación de La Caja Negra, ocasionando posteriormente consecuencias en diversos ámbitos tanto administrativos como judiciales.

La denuncia periodística derivó en la intervención puntual sobre el hecho de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público, como así también a la Comisión de Control liderada por el Ministro Arnaldo Giuzzio.

La Contraloría General de la República emitió un detallado y condenatorio informe sobre las irregularidades del proceso de contratación. El dictamen presentó 13 observaciones de hechos graves con relevancia penal.

La conclusión de la Contraloría fue contundente: La contratación realizada por el Ministerio de Salud se encuentra viciada desde todo punto de vista. El ente contralor recomendó la rescisión del contrato y el sumario de los funcionarios.

La investigación del caso derivó ademas en una investigación de carácter penal por los delitos de: Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, estafa y las responsabilidades eventuales de los funcionarios intervinientes y los representantes de las empresas adjudicadas Insumos Médicos S.A. y Eurotec S.A..

Las empresas beneficiadas con los contratos finalmente no cumplieron con lo pactado, la carga de insumos llegó incompleta y no correspondían a lo pactado en el contrato. El ministerio de salud tuvo que rescindir los contratos y solicitar la devolución del anticipo pagado.

El caso tuvo derivaciones penales, por la denuncia ante el Ministerio Publica, administrativas porque se abrió un sumario para investigar a funcionarios responsables y varios fueron apartados de sus cargos. Así también la revelación del caso generó una crisis para las autoridades del Gobierno quienes se vieron expuestos a los reclamos públicos, escraches y por sobre todo al descreimiento por parte de la ciudadanía.

La imagen del gobierno, en especial la del Presidente de la República Mario Abdo Benitez y la del ministro de Salud Julio Mazzoleni, se vio severamente golpeada por el escándalo de las compras fallidas de insumos chinos. El caso se convirtió en el mayor escándalo de corrupción con fondos públicas destinados a la pandemia.

La compra fallida y el intento de negociado tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.

A siete meses del inicio de la cuarentena en Paraguay los hospitales públicos y los médicos siguen reclamando la falta de insumos, de camas de terapias intensiva para hacer frente a la pandemia. El caso de la fallida compra de insumos chinos revelado por La Caja Negra consagró el fracaso en la gestión sanitaria del gobierno de Mario Abdo Benítez.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.