La empresa Clifsa (que distribuye la electricidad en Villarrica) intimó mediante un telegrama colacionado a la ANDE por pretender limitar el suministro de energía eléctrica y reveló las consecuencias que eso significaría para la ciudad.

En la nota enviada por Luis M. Ocampos, presidente de Clifsa, al ingeniero Félix Sosa, titular de la ANDE, reclama que la institución estatal pretenda reducir el suministro energético, pasando de los 36 MW a solo 32 MW, esto sin motivo técnico alguno.

“No existe un pico de demanda en pleno otoño, la ANDE se atribuye la potestad de cortar y limitar el suministro de 80.000 personas incluyendo hospitales, centros de salud, comercios, industrias, ESSAP con la provisión de agua, oficinas gubernamentales, Poder Judicial, etc. cuya pérdida financiera es directamente atribuible a la acción que pretende la ANDE sin justificación técnica”, reza el documento.

En entrevista con la radio 650 AM, Luis M. Ocampos ahondó que la ANDE quiere limitar el consumo de energía eléctrica de toda una ciudad, siendo que en la práctica se requiere totalmente lo contrario: aumentar la potencia ante el crecimiento de la localidad.

“Creo que se dieron cuenta del contrasentido de su intención. Los paraguayos tenemos que acceder a un costo de energía menor para que los grandes inversores se instalen acá y ofrezcan mano de obra”, dijo.

El entrevistado recordó que CL YFSA tiene una orden judicial en la sentencia definitiva 106 del 28 de octubre del 2021 que textualmente le ordena a la ANDE asegurar el suministro de potencia requerida de la empresa para el abastecimiento de energía eléctrica a Villarrica y que no limite la potencia requerida por la ciudad.

“La ANDE está obligada a invertir para tener la infraestructura necesaria para brindar servicio, nada más que eso. Los papeles firmados se deben honrar”, resaltó finalmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.