El director Juan José Galeano explicó a ABC TV que el principal problema que existe en el sistema es la asimetría dentro del programa, porque conviven diferentes regímenes dentro de la Caja Fiscal.

Por un lado, precisó que se encuentra el régimen general, a partir de la reforma del 2003, donde los funcionarios públicos en actividad aportan 16% de sus ingresos y al cabo de 62 años de edad se jubilan. No obstante, también existen regímenes como el de los docentes, docentes universitarios, policías y militares, que no tienen edad mínima para jubilación.

En esta misma línea, añadió que, además de los regímenes ya mencionados, están otros subregímenes que hacen que el sistema no sea homogéneo, es decir, que no se tenga un igual tratamiento para todos los aportantes, situación que va generando un déficit creciente año tras año.

“Otro de los problemas es que la relación entre la cantidad de activos y pasivos es cada vez es menor. En un sistema de repartos, aproximadamente se tiene que tener entre 5 a 7 funcionarios activos por cada jubilado. Hoy tenemos en promedio que la relación entre los activos y pasivos de la Caja Fiscal está en torno a 3,4, es decir, 3,4 activos por cada jubilado”, puntualizó.

Al respecto, resaltó que si uno se fija en sectores específicos es posible ver que esta relación es todavía menor. “Si un jubilado recibe 85 guaraníes, y el aporte es de 16 guaraníes mensuales de los funcionarios activos, entonces tenemos 5 activos, y eso al multiplicar por 16 de aporte, tenemos 80. Entonces, el resto se puede financiar con aportes, inversiones, etc. Pero si solo tenemos 2 activos, de esos 85 tenemos solamente 32 guaraníes, es imposible que en el largo plazo esto sea sostenible”, sentenció.

En este contexto, el director Galeano expresó que actualmente existe un déficit de USD 167 millones, con el cierre del 2021, y que se está proyectando un déficit en torno a USD 220 millones al cierre de este año.

“Anualmente el Tesoro recibe cerca de USD 4.000 millones en concepto de recaudación tributaria, estamos hablando del 10% del PIB. Hoy el déficit del sector de Fuerzas Públicas, es decir, policías y militares, se cubre con recursos del Tesoro, es decir, se cubre con impuestos. El año pasado se utilizaron cerca de USD 140 millones para esto”, agregó.

Finalmente, el director Galeano añadió que, según las estimaciones de la Cartera Económica, el superávit acumulado que hoy se tiene dentro de la Caja Fiscal se estaría agotando a finales del año 2026 o 2027, y que a partir de ahí todo el déficit que se genera dentro del sistema se estaría pagando con recursos generales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.