La jueza Cynthia Lovera, a cargo del caso, explicó a los periodistas que durante la diligencia se realizaron “tareas de levantamiento de las evidencias y los indicios”.

Lovera se abstuvo de precisar detalles del procedimiento e indicó que el juzgado a su cargo resolvió aguardar al resultado de las pericias, que se conocerá dentro de 15 días.

El pasado 29 de septiembre, un incendio se desató en uno de los edificios de la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), donde permanecían los equipos de votación.

Una comitiva integrada por fiscales, funcionarios judiciales y peritos técnicos inspeccionó este viernes un edificio del ente electoral.

Según el TSJE, unas 7.700 máquinas de voto fueron afectadas, así como 1.700 dispositivos electrónicos netbook, 1.950 escáneres, 1.500 teléfonos, entre otros, estos últimos usados para el Sistema de Trasmisión de Resultados Preliminares (TREP).

Al referirse a las investigaciones, el fiscal Giovanni Grisetti indicó que “en tiempo récord” tomaron casi 200 testimonios relacionados con el siniestro, que permitieron ubicar el equipo de circuito cerrado que contendría las imágenes del interior de la edificiación quemada.

Unas 7.700 máquinas de voto fueron afectadas, así como 1.700 dispositivos electrónicos netbook, 1.950 escáneres, 1.500 teléfonos, entre otros,

El incendio abrió igualmente una polémica política, después de que el presidente del TSJE, Jaime Bestard, dijera que evaluaba la posibilidad de dividir la celebración de las elecciones internas de los partidos, convocadas para el próximo 18 de diciembre, lo que posteriormente se descartó.

Durante una comparecencia ante el Congreso, Bestard planteó el pasado domingo a los legisladores que autoricen modificar “por única vez” un artículo del Código Electoral, a fin de que puedan prorrogar dos horas más, de las 17.00 a las 19.00, el cierre de las mesas.

un incendio se desató en uno de los edificios de la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Asimismo, propuso una “pequeña ampliación” en la cantidad de electores por mesa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.