El viernes se presentó de forma oficial el pedido de interpelación ante la Comisión Permanente del Congreso para el jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, salpicado en el polémico acuerdo secreto de Petropar con PDVSA. Mediante esta herramienta constitucional, de ser aprobada la solicitud, el político deberá responder todas las preguntas de los diputados y si no satisface a los mismos, se expondrá a un voto de censura.

El diputado Clemente Barrios (ANR- cartista) dijo a través de su cuenta de Twitter que corresponde una destitución antes incluso de concretar la interpelación. “El escandaloso affaire del que es protagonista, el Secretario General de la Presidencia de la República, afecta no solo al gobierno y al Pte. de la República! Sino también al Partido Colorado. El Pte no debe esperar el voto de censura. Ahora debe destituirlo! (sic)”, lanzó.

De acuerdo a la publicación del Washington Post, en el acuerdo se planteaba que los US$ 26 millones de dólares de comisión serían para el abogado Sebastián Vidal, quien a la vez trabaja para Carlos Abdo, tío del presidente Mario Abdo Benítez. El jefe de Gabinete alegó que no se podía cerrar el acuerdo por “falta de legitimización activa” del mandatario interino venezolano Juan Guaidó.

Sin embargo, Guaidó emitió un comunicado sobre el caso PDVSA y Petropar, y aseguró que Venezuela no aceptó los términos por la “comisión” y la quita de capital, contradiciendo al jefe del Gabinete Civil de la Presidencia y echando por tierra su versión.

También el senador Martín Arévalo señaló ayer sábado que está a favor de la interpelación del jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. “La interpelación que plantea la Cámara de Diputados corresponde. Villamayor tiene que aclarar a profundidad todo lo que se habló, llevar toda la documentación y que respalde su versión”, dijo el legislador en entrevista con canal Trece, según recoge La Nación en su edición impresa.

A su vez, el diputado Édgar Acosta (PLRA) manifestó que sus colegas de Honor Colorado acompañarán el pedido de interpelación.

La interpelación es un mecanismo de control político al que recurren los congresistas para hacer efectiva la responsabilidad de los ministros u otros funcionarios, de manera que rindan cuenta de sus gestiones. Si estos no logran convencer a los congresistas, estos pueden aplicar la figura del voto de censura, a través de la cual recomiendan al Poder Ejecutivo que el funcionario o administrador público sea desvinculado del cargo. Sin embargo, la postura no es vinculante, ya que finalmente será Mario Abdo Benítez quien tome la decisión final sobre la destitución o no.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.