Dicho espacio contó con la participación de Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Dominica Zavala, CEO de MF Economía, con la moderación de Yan Speranza y la introducción de Alberto Acosta Garbarino, quienes coincidieron en señalar que si bien hubo grandes avances en la generación de datos estadísticos, es necesario un mayor intercambio de datos entre el sector público y privado para futuros inversores, así como también superar las dificultades existentes en el manejo de los registros administrativos que manejan las diferentes esferas estatales. Se habló de la necesidad de empezar a compartir estos datos (Identificaciones, Salud, IPS entre otros), evitando el manejo en compartimentos estancos, para mejorar la formulación de políticas públicas basada en evidencias.

Paraguay tiene previsto realizar el 9 de noviembre de este año, su Octavo Censo Nacional de Población y Viviendas y el Cuarto Censo Indígena, lo cual permitirá al sector estatal y privado obtener mejores datos para planificar inversiones y sentar las bases del Paraguay del futuro. Se precisará la autorización del Congreso Nacional para hacerlo ese día Trabajarán 210.000 censistas en las zonas urbanas, de 07.00 a 17.00, y en zonas rurales por hasta 15 días. El costo del censo es de USD 43 millones en los cinco años que toma su elaboración y aplicación.

El titular del INE, Iván Ojeda, refirió que el Paraguay marcó un hito histórico en materia de legislación estadística al modernizar el Sistema Estadístico Nacional después de 78 años de contar con la ley más antigua de la región  y crear el INE, lo que le permite estar a la vanguardia con respecto a otros países. Añadió que con esta ley se jerarquizan las estadísticas oficiales, el uso de datos electrónicos en las leyes y se refuerza el secreto estadístico, lo que permite la confidencialidad y la confiabilidad de informaciones.

Si bien el INE se encuentra dentro del Estado, es autónomo y autárquico, cuenta con consejos consultivos, representando así una buena práctica de independencia técnica, lo que fortalece la transparencia y la calidad de la información, aseguró Ojeda, al tiempo de señalar que el presupuesto asignado es de G. 39.000 millones.

Con estos recursos, actualmente se trabaja en la reglamentación de la Ley 6670/20 “Que establece la modernización del Sistema Estadístico Nacional (SISEN) y crea el Instituto Nacional de Estadística (INE)” y se está haciendo una reingeniería de la institución, con la conformación de consejos consultivos sobre diferentes temas relacionados con los datos estadísticos.

Ojeda comentó que nuestro país actualmente realiza la Encuesta Permanente de Hogares, llegando a 21.000 hogares lo que permite medir trimestralmente el comportamiento del mercado laboral, pobreza, entre otros, cuya ejecución representa un costo anual de más de USD 1 millón.

Por su parte, Dominica Zavala manifestó que actualmente hay un mayor acceso a la disponibilidad de datos, así como la periodicidad de la información y el acceso a la información pública. Destacó que a nivel nacional se incrementó la calidad de los datos, pero faltan a nivel subnacional, es decir de las ciudades, como, por ejemplo, para tener detalles sobre la migración en las ciudades, la estructura de financiación de viviendas propias, cómo le afectó la pandemia, entre otros.

“Tener un buen Instituto de Estadísticas cuesta dinero, porque uno tiene que hacer los procesos de censo, la veracidad de la información, periodicidad y cuantos más detalles tenga es muy importante”, refirió. Añadió que el sector privado tiene responsabilidad y compromiso en el uso de estadísticas y para ello, debe haber un mayor intercambio de información entre las instituciones estadísticas públicas y privadas.

Se necesita contar con información más granular, de manera que se pueda contar con información más detallada, lo que permitirá por ejemplo conocer qué tipo de capital humano avanzado necesita el país, el tipo de familia que existe en las diferentes zonas, entre otros. “Enseñar cómo usar la información, cómo aprovechar la riqueza de las bases de datos, el intercambio con la Academia, con los usuarios, es clave ese diálogo entre el sector público y privado para saber y conocer lo que se necesita”, remarcó Zavala.

Entretanto, Alberto Acosta Garbarino manifestó que las estadísticas y el censo son fundamentales para el gobierno de un país, para los negocios de las empresas y para que la sociedad civil pueda ejercer control ciudadano. “Es fundamental para las políticas públicas basadas en evidencia, es fundamental para las empresas poder definir dónde invertir y cómo invertir y es fundamental para que la sociedad civil pueda ejercer el control ciudadano”, afirmó.

Recordó la frase “lo que no se puede medir, no se puede gestionar” para contextualizar así que para administrar un país, una empresa se necesitan datos estadísticos, las cuales deben ser confiables y oportunas. A la vez de acotar que en países en vías de desarrollo, como Paraguay, muchas veces no se basan en evidencias, sino en presiones políticas para construir rutas o escuelas, por ejemplo.

En materia de censo estamos aplazados en el país, por lo que debería realizarse en forma más regular y con mayor rigurosidad, aunque remarcó que se encuentra en proceso de fortalecimiento el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Finalmente, Yan Speranza manifestó que hay un acuerdo de que se dieron pasos importantes en la generación de información, lo cual favorece, a su vez, en la generación de políticas públicas de calidad basados en evidencia, pero hay estrellas que deben ser mantenidas como la EPH para tener mayores datos a nivel subnacional y para empresas que quieren invertir en el país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.