Durante esta pandemia incluso antes, FEPASA no ha perdido tiempo, y sigue impulsando la concreción de la Alianza Público Privada (APP) del Tren de Cercanía ya que considera la forma más conveniente de hacer ese mix que se necesita, entre la inversión que hará el sector público y el sector privado para el tren de pasajeros. La institución continúa con las reuniones que se convirtieron en virtuales, preparando en tiempo récord la prefactibilidad, a partir de toda la documentación que ya se tenía. Se realizó un trabajo en conjunto con la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del MOPC y presentaron en conjunto con el ministro del MOPC, Arnoldo Wiens el 31 de marzo, en mesa de entrada oficial de la APP para el Tren de Cercanía.

“La gran diferencia ahora es que fue un trabajo interinstitucional, un trabajo de equipo, entre todos, donde dieron su opinión, sugirieron cambios y esto es lo que permite suponer que esto va a avanzar rápido”, expresó el titular de FEPASA, Lauro Ramírez, durante el Taller de elegibilidad.

Durante la reunión se indicó que es un paso obligatorio por la Ley, un paso que significa una participación abierta de muchas instituciones del sector privado, de la academia; en el análisis de este proyecto para determinar hasta qué punto esto es factible de ser llevado adelante por una APP, y donde se tenga en cuenta todo lo que se analizó y estudió previamente desde los puntos de vista financiero, económico, ambiental, social, legal, ya que desde la misma factibilidad se hicieron análisis muy interesantes manifestó Ramírez.

FEPASA llevó a cabo la presentación del proyecto completo y partir de ahí se realizaron una serie de preguntas de todos los 38 participantes de distintas instituciones del sector público y privado quienes participaron, opinaron, leyeron y calificaron finalmente este proyecto. Esto significa un paso significativo muy importante, porque después de esto ya se inicia la factibilidad específica, que va a durar cuatro a seis meses, después ya viene la licitación pública y la franja de construcción del nuevo tren.

“Estamos dando pasos muy importantes, significativos, muy auspiciosos que nos pone muy contentos. Nos felicitamos mutuamente porque en tiempo récord estamos haciendo, dándole el impulso que se requiere, que se necesita para este proyecto tan largamente anhelado por la gente y que viene a solucionar una parte del problema del transporte masivo que tenemos en Asunción y Gran Asunción”, añadió Ramírez.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.