El avión carguero llegó al país en la mañana del 18 de abril, pero dos días antes este medio divulgó la llamativa adjudica­ción que se realizó en tiempo récord. La celeridad del pro­ceso hasta resultaría eficiente si no saltaran hechos llama­tivos como la limitada can­tidad de invitados enfocada en dos grandes contratistas y una pequeña empresa, cuyas referencias de contratación tenían probabilidades casi nulas para calificar.

De ahí la sospecha de que la adjudicación fue direccio­nada a favor de Eurotec SA e Insumos Médicos SA, dos empresas con nombres dife­rentes, pero vinculadas a una misma familia. Los hijos del empresario Justo Ferreira estaban al frente de ambas firmas beneficiadas. En Eurotec SA aparece Marcelo Rubén Ferreira Pascottini y en Insumos Médicos SA la otra hija, de nombre Patricia Beatriz Ferreira Pascottini.

La denuncia de La Nación llamó la atención de legisla­dores de la oposición, que con­formaron una comisión que realizó in situ la verificación de la carga al momento de su llegada en el aeropuerto Sil­vio Pettirossi. Diez días des­pués, un equipo periodístico del canal GEN tuvo acceso al depósito de la Dirección Biomédica del Ministerio de Salud, donde se guardaron los lotes de insumos médi­cos importados de Hong Kong, China, y se confirmaba que Salud Pública rechazó la totalidad de los insumos por la dudosa procedencia.

Hoy, a un año de la fallida lle­gada a Paraguay de los insu­mos chinos adquiridos por el Ministerio de Salud Pública para hacer frente a la cri­sis sanitaria por el covid-19, legisladores solicitaron que los responsables sean castiga­dos por aprovechar la pande­mia “para robar”, ya que aún permanecen “tranquilos en sus casas” porque no hay avances en la investigación. Hasta ahora la única medida adoptada fue un sumario administrativo que llevó ade­lante la cartera sanitaria a 7 de sus funcionarios, que solo recibieron una sanción leve de suspensión de 30 días sin goce de sueldo.

En ese sentido, el diputado Sebastián García (PPQ) recordó que se cumple el pri­mer año de la llegada del car­guero chino. “Un anticipo de varios eventos que mostra­rían la miseria humana en su máxima expresión. Aprove­char la pandemia para poder robar. Hoy ese robo está cos­tando vidas. La corrupción mata. Acá los responsables no pueden seguir tranquilos en sus casas”, enfatizó.

Su colega Carlos Rejala le respondió que tarde o tem­prano los corruptos termi­narán pagando tras haber destapado la “olla a los delin­cuentes” del gobierno del pre­sidente Mario Abdo Benítez. “Le destapamos la olla a los delincuentes del Gobierno, y eso trajo como consecuen­cia la persecución a mí y a mi familia. Hace un año que empezaron con el amedren­tamiento y no pararon hasta hoy, pero yo tampoco paré”, sentenció.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.