En un informe de 41 páginas, la Contraloría General de la República expone 14 puntos principales que cuestionan duramente la adjudicación del Ministerio de Salud Pública a favor de las empresas Imedic y Eurotec, del clan Ferreira, para la provisión de los insumos médicos por un valor de 13.5 millones de dólares (aproximadamente 85.000 millones de guaraníes).

Como conclusión la Contraloría primeramente indica que “esta adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas”, teniendo en cuenta los datos publicados en el sistema de Contrataciones Públicas y los aspectos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

El ente contralor resalta que este contrato se hizo por la vía de la excepción porque Salud requería urgentemente los insumos ante la pandemia del COVID-19, sin embargo, al establecer en el pliego un anticipo a las empresas, terminó desvirtuando la causal de urgencia impostergable. Esto debido a que el anticipo es otorgado para cubrir los costos iniciales del proveedor, lo cual sugiere que no se tendrá la provisión inmediata de los productos a ser adquiridos, según reza el documento.

Otro punto llamativo es que en el portal de Contrataciones no se publicó que iba a otorgarse dicho anticipo, pero luego en el documento del pliego de bases y condiciones finalmente sí estaba. Contraloría cuestiona que se alegue que haya ocurrido “un desliz” en la carga de los datos en la web.

En el informe también se deja en evidencia que el sistema de adjudicación fue por el lote completo pero luego cuando se realizó la evaluación se pudo adjudicar por ítems. De esta manera se ofertó el lote en forma incompleta, posibilitando que empresas oferentes vinculadas entre sí (en este caso los del clan Ferreira) puedan presentar ofertas en un mismo lote.

En cuanto a la apertura de las ofertas, no se vio en el acta la falta de presentación de muertas de los productos en cuestión. En la etapa de evaluación de las ofertas, no fueron analizados los requisitos exigidos en el pliego respecto a las especificaciones técnicas.

La institución subraya que las firmas Imedic y Eurotec garantizaron que estaban en condiciones de cumplir el contrato, pero en la etapa en que debían ejecutar el contrato, los insumos y las camas hospitalarias fueron rechazados por Salud al no cumplir con las especificaciones técnicas, “lesionando de esta forma el sistema de salud implementado para el sostenimiento de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia”.

También resalta que se modificaron los requisitos para ofertar ya en una etapa posterior a la presentación de las ofertas, lo cual atenta contra el principio de igualdad y libre competencia, ya que las empresas invitadas inicialmente pudieron haber ofertado mejor que las que finalmente fueron adjudicadas pero que no lo hicieron al no tener la posibilidad de ofertar la totalidad de los contenidos de cada lote, tal como figuraba al principio pero que luego fue cambiado a favor de las dos proveedoras del clan Ferreira.

Así también la Contraloría indica que al ser una licitación urgente, lo lógico hubiera sido que los plazos de entrega de los bienes empiecen a correr desde la firma del contrato, y no recién con la emisión de las órdenes de compras, hecho que ocurrió recién 10 días luego de la firma de los contratos. De haberse actuado como correspondía, se debió desestimar las ofertas, de acuerdo con el informe.

El órgano considera así que existen causales de rescisión del contrato por factores relacionados a incumplimientos de las especificaciones técnicas de los insumos y equipos hospitalarios. Además ni con el anticipo dado, las empresas contratadas dieron cumplimiento en tiempo y forma el contrato, postergando la entrega total de los insumos y equipos contratados.

Por último recomienda al Ministerio de Salud Pública a adoptar las medidas correctivas y sancionar a los funcionarios que se encargaron de llevar adelante este proceso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.