La concejalía de Quiindy resolvió declarar al legislador Cuevas como persona non-grata en la localidad sin embargo la intendenta Alba Acevedo de Bogado, opina lo contrario.

A través de la resolución 125/18, la Intendencia Municipal expreso que es un honor que un ciudadano de Paraguarí desempeñe “tan importante función” ya que “dignifica y enaltece a la dirigencia política del Departamento”, haciendo referencia a que Cuevas tiene el respaldo de Colorado Añetete y no así de la ciudadanía de Quiindy.

Indica que Cuevas apoyó con cobras y servicios a la ciudad y que el gesto merece “todo el apoyo, respeto y consideración”.

“Esta Intendencia quiere dejar bien en claro que no está de acuerdo ni comparte con el equivocado pronunciamiento de un sector de la Junta Municipal y que, por el contrario, apoya la figura del actual presidente de Diputados”, señala la resolución.

Por lo tanto, la Intendencia resolvió rechazar la resolución de la Junta Municipal por “impertinente e ilegal”, apoya a Cuevas, le agradece el apoyo y expresa que la Municipalidad tiene las “puertas abiertas” para el cuestionado legislador.

LO QUE DICE LA JUNTA

La Junta Municipal de Quiindy lo declaró persona non-grata por las denuncias en su contra por supuestas irregularidades durante su administración como gobernador de Paraguarí, en el período 2013-2018.

Señala además el colegiado que varias obras fueron construidas con “mucha deficiencia” e insta a luchar en todas las formas contra “el mal de la corrupción” por el grave perjuicio que ocasiona a toda la sociedad paraguaya.

Finalmente, los concejales se expresaron a favor de las personas que están realizando manifestaciones y escraches.

Además de sus irregularidades en su rol de gobernador, Cuevas nombró a Juan Espinosa como director de Proyectos en Estudio de Diputados. Él es pareja de María Liz Alcaraz quien es asistente de la fiscal Sonia Pereira, quien debía investigar la malversación de G. 40.000 millones en la Gobernación.

También nombró a Alex Aguirre en la dirección de Asuntos Legislativos de Diputados. Él se desempañaba con el juez Blas Cabriza que terminó desestimando la causa contra Cuevas. En conferencia de prensa, el legislador se excusó diciendo que las publicaciones de La Nación y el canal GEN son parte de una “persecución política”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.